Cuando la Justicia se apresta a avanzar a fondo en la investigación de posibles responsabilidades o complicidades de personal carcelario en la masacre del penal de Coronda, el Servicio Penitenciario finalizó el sumario administrativo y pidió que cinco jefes sean destituidos por lo ocurrido entre el 10 y el 11 de abril del año pasado.

Aquel día, el terror se adueñó del penal cuando un grupo de presos santafesinos asesinó a catorce rosarinos. Por lo ocurrido, el juez de Instrucción, Darío Sánchez, procesó a los presos Oscar Gutiérrez, Juan Pablo Cantero, Marcelo Eduardo Enrique, José Alberto Ifrán y Diego Ramón Ifrán, Gastón Eduardo Stromayer, Rafael Mario Lemaire y Cristian Daperno -autores o partícipes principales de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y tentativa de homicidio de otras dos, con las mismas agravantes-. A éstos se suman Juan Pablo Massa, José Ariel Rojas, José María Reyes, Rodrigo Sebastián Romero, Luis Andrés Romero y Carlos Ariel Aranda.

El director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, llegó a la conclusión de que personal carcelario incurrió en fallas o irregularidades que merecen un castigo y acrecientan las sospechas de participación o facilitamiento de la masacre. Por eso pidió la destitución del entonces alcalde del penal, Oscar Mansilla; del subprefecto Carlos Monti, el subalcalde Marcelo Calligaro, el alcalde Daniel Ferreyra y el subprefecto Manuel Benegas.

También habrá sanciones para Oscar Yosviak, agente del Servicio que públicamente denunció la posible complicidad entre los sublevados y algunos de sus compañeros. En este caso, se le aplicó una suspensión de 10 días; mientras que para el celador Eduardo Marchesin la suspensión alcanza los 30 días.

Cabe aclarar que estas sanciones son de carácter administrativo, pero no implican responsabilidad penal. Para que las destituciones se hagan efectivas, será necesaria la firma del gobernador, Jorge Obeid.

Las sospechas vinculadas con responsabilidades penales por parte del personal del Servicio Penitenciario no son antojadizas. Poco después de la masacre, uno de los dos guardiacárceles que fueron tomados como rehenes -Oscar Yosviak- hizo una serie de declaraciones públicas que dejaron planteado el manto de duda.

Poco después de aquellas dichos de Yosviak, se conoció una carta escrita por dos presos que fueron testigos de la masacre. Los presos Rubén Castaño y Ariel Maschio acusaron a integrantes del Servicio Penitenciario de haber facilitado la matanza. El día de la tragedia, Maschio estaba detenido en el pabellón 11 de Coronda -donde asesinaron a 10 internos-, y Castaño en el pabellón 1, donde mataron a otros cuatro.

De todos modos, y a pesar de que el tema es manejado con suma cautela desde el Juzgado de Instrucción N° 5, trascendió que ante la Justicia los dichos de los presos no habrían tenido el sustento suficiente como para representar una prueba de peso.

Sin embargo, se aguarda que las próximas semanas sean cruciales en este sentido, y que el juez Sánchez profundice esta segunda etapa de un caso que no parece sencillo de abordar.