La investigación tendiente a probar posibles irregularidades en compras de insumos para oficinas realizadas por el Ministerio de Gobierno y la Secretaría Privada de la Gobernación, entre los años 2001 y 2003, avanza a ritmo acelerado. Incluso, fuentes confiables no descartaron la posibilidad de que en los próximos días el juez de Instrucción, Carlos Ferrero, impute a varias personas que prestaron servicios en estas áreas durante el pasado gobierno.

Durante las últimas horas, en Tribunales se tomó declaración testimonial a varias personas que conocerían detalles vinculados con aquellos movimientos.

Cabe recordar que este caso llegó a manos del magistrado a partir de una denuncia presentada por la delegación local de la Afip. Auditorías internas realizadas por el gobierno con posterioridad habrían detectado la compra a empresas fantasma e, incluso, dejaron al descubierto la firme posibilidad de que existan parentescos entre los funcionarios públicos que compraban y las empresas que vendían estos elementos de oficina.

Fuentes confiables aseguraron a este diario que durante los últimos meses se hizo un detallado seguimiento de centenares de cheques, comprobantes y facturas que formaron parte de estas operaciones.

Una de las posibilidades que se investigan es que las empresas hayan presentado ante el gobierno facturas apócrifas -lo cual representaría un delito de falsificación de instrumento privado-, con el objetivo de evadir impuestos.

Por otro lado, la Afip planteó al juez la necesidad de determinar si efectivamente estas empresas estaban en condiciones de llevar adelante operaciones por los montos mencionados, ya que no habría relación con las compras que dichas firmas hacían a sus proveedores mayoristas.

La Afip detectó que se produjeron compras por 87.423 a una empresa que, en realidad, habría facturado apenas 8.643 pesos. En otro caso, se habría comprado material de oficina a otra firma por 119.458 pesos, pero en ese caso las facturaciones totales ascenderían sólo a 17.710 pesos.

Entre las empresas investigadas figuran Hewpack Distribuciones, Insumos Paper, Silosmig y Gin-Ming. También figurarían otras firmas con nombres tales como I&C SRL y Noé.

El monto total de las operaciones bajo sospecha superaría los 460 mil pesos.