De la redacción de El Litoral
Los bloques del oficialismo y la oposición acordaron postergar el tratamiento del proyecto de ley del diputado Santiago Mascheroni para establecer una veda a la pesca por 180 días, a fin de evitar el exterminio de los recursos pesqueros.
De adoptarse esta medida -según el texto de ley propuesto- se crearía en forma paralela una asistencia económica especial para los afectados.
La iniciativa tiene despacho de las comisiones pero -según la información disponible al cierre de esta edición- la idea es aprobar sólo una preferencia, para la semana que viene, y así dar tiempo a inquietudes que la bancada del PJ le ha planteado a la de la UCR.
Si esta tarde todo resultan como está previsto por los jefes de los bloques, en el recinto del lado oeste del Palacio Legislativo se repetirá la escena de los últimos tres jueves: los diputados diferirán la restricción temporal.
Quizá el motivo -además de la búsqueda de mejorar el despacho y obtener más consenso- sea la espera de una decisión política de mayor alcance a nivel nacional, como la suspensión de las exportaciones de sábalos, una posibilidad con la que simpatizan los funcionarios de Medio Ambiente.
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Mascheroni dijo a El Litoral que pese a contar con el despacho de las comisiones, su bancada "no va a forzar la votación". Subrayó la importancia de alcanzar el máximo consenso posible y alentó la posibilidad de una votación por unanimidad para dar más fuerza al proyecto de ley.
Destacó que aceptó el planteo del bloque del oficialismo de aplazar por otra semana el debate final de la norma. Dijo que cree conveniente la posibilidad de crear un período de veda anual, tal como existe con ciertas especies para la caza, de manera de permitir los ciclos reproductivos de los peces. En principio, la idea es vedar la pesca de noviembre a febrero o marzo.
"Voy a pedir una preferencia para la semana que viene; eso es lo que hemos conversado", confirmó el diputado radical que no quiere que se interprete la ampliación del debate previo como el resultado de presiones.
Mientras, como en las ranchadas isleras (los lugares donde acampan los pescadores en sus excursiones que cambian constantemente de rumbo), una protesta de los trabajadores de las redes y los anzuelos monta guardia en la explanada de la sede de la avenida General López.
La posición del sector es conocida y coincide con lo que plantean los frigoríficos que acopian y exportan pescados: un circuito que -aceitado por el tipo de cambio alto- llevó a 20.500 toneladas las ventas al exterior.
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja recibirá a pescadores y empresarios.
Para Mascheroni la discusión "no puede ser sectorial". Afirmó que debe existir una decisión política del Estado santafesino para dejar a salvo el recurso ictícola, que es público. Advirtió, además, que del mismo modo deben considerarse otros actores vinculados a la pesca, desde las economías basadas en esta actividad como deporte hasta su explotación turística, que en la zona de la Costa ha evolucionado en forma constante.
El diputado nacional Eduardo Di Pollina (PS-Santa Fe) presentó un proyecto de ley por el que propende crear el consejo federal pesquero del río Paraná y buscar fortalecer, de esta forma, la colaboración técnica y científica del Estado nacional, las provincias y los privados en materia de recursos pesqueros, pesquerías e hidrobiología.
La iniciativa se fundamenta en "la necesidad de preservar y conservar los recursos ícticos en el Paraná, sus afluentes y sus ecosistemas". El propósito es crear el consejo pesquero con la participación de un representante por cada una de las provincias que comparten la cuenca del río Paraná; los subsecretarios de Pesca y Acuicultura de la Nación; el de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación; tres representantes de los usuarios, uno comercial, otro artesanal y el tercero deportivo y dos de entidades ambientalistas.
La iniciativa apunta a lograr "criterios racionales de pesca, dada la importancia del recurso desde el punto de vista económico, social y deportivo y así fortalecer la colaboración técnica y científica en materia de recursos pesqueros, pesquerías e hidrobiología".
El socialista señaló que "aún bajo las pautas del Código de Conducta para la Pesca Responsable que adoptara la Conferencia de la FAO, en 1995, la idea es que cada provincia ribereña del Paraná autorizará el derecho de pesca en sus tramos fluviales, pero se podrán efectuar controles en forma conjunta con la participación de funcionarios de los organismos, tanto nacionales como provinciales".
La iniciativa pretende que el Estado nacional coordine con las provincias que comparten la cuenca del río Paraná, la realización de estudios de evaluación del recurso íctico, que sirvan de base para la ejecución de obras de mejoramiento y trabajos de piscicultura que favorezcan las condiciones naturales para la reproducción, la cría y el desarrollo de los peces. Además, se tratará de impulsar proyectos productivos alternativos que generen recursos, especialmente en las épocas de veda para asegurar que la explotación de las poblaciones continúe siendo económicamente viable.
Rosario-Victoria
Pescadores mantuvieron hasta esta mañana la interrupción del puente entre Rosario y Victoria, como protesta por el proyecto de ley que determina una veda para la pesca de sábalos. La modalidad contempla cortes en el tránsito vehicular de 30 minutos en cada acceso. Juan Carlos Villarreal, secretario del Sindicato de Pescadores, sostiene que la medida perjudicará a unas 10.000 personas.