Hubo fuertes cruces políticos y chicanas a la hora del debate. La oposición cuestionó que no se avanzara en una nueva figura para la EPE. En acueductos, las dudas pasan por los fideicomisos y la posible superposición de áreas del Estado para ejecutar la obra.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados logró holgadas mayorías para votar, en general, la derogación de la ley que abrió paso a la privatización de la Empresa Provincial de Energía y para autorizar el programa Grandes Acueductos, mayorías que se fueron reduciendo a la hora de votar ambos asuntos en particular y dejando, en el segundo tema, únicamente al oficialismo apoyando algunos artículos.
No hubo sorpresas en la extensa sesión semanal de Diputados que finalizó poco antes de la medianoche. El acuerdo interno del bloque justicialista contemplaba la llegada conjunta al recinto de ambos temas. La oposición los apoyó pero sumó propuestas que no fueron aceptadas por la mayoría. En el medio del debate abundaron chicanas y recriminaciones por posturas adoptadas en el pasado reciente tanto por oficialistas como opositores.>
En el caso de la EPE, la discusión fue seguida muy de cerca por dirigentes gremiales de los sindicatos de Luz y Fuerza de la provincia que ocuparon sillas dentro mismo del recinto, parte de las barras y se hicieron sentir con fuertes altoparlantes en la plaza Italia a la espera de la votación. Después todo fue fiesta y abrazos primero con los legisladores, especialmente del justicialismo, y con los afiliados. El gremio se llevó lo que buscó: la derogación de la ley N° 11.727 que habilitó la privatización de la Empresa Provincial de Energía.>
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Volver a los '80
La Cámara de Diputados votó un proyecto que deroga la 11.727, restablece la plena vigencia de la 10.014 (creación de la EPE) y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 60 días para integrar el directorio de la Empresa. La abstención de Carlos Castellani (Ucedé) impidió la aprobación por unanimidad de la norma. No obstante, socialistas y radicales cuestionaron que no se hubiera aprovechado la oportunidad para definir una figura más ágil y eficiente para el funcionamiento de la empresa y no se hayan tenido en cuenta a los usuarios, a los nuevos derechos y un necesario marco regulatorio para el servicio eléctrico.
El radical Oscar Ritter abrió el debate recordando que la ley 11.727 fue aprobada el 29 de diciembre de 1999 a menos de 20 días de haberse constituido la Legislatura con el voto contrario de socialistas y un sector de radicales que entonces integró. Después reseñó sus tres intentos frustrados de derogarla y varios pedidos de informes nunca contestados para saber, por ejemplo, cuánto pagó la empresa en retiros voluntarios. Enseguida Antonio Riestra (ARI) también planteó dudas sobre algunas deudas contraídas en la anterior gestión y reivindicó a los empleados de la EPE que "lucharon para parar la privatización y ahora les estamos devolviendo la empresa". Recomendó tener en cuenta a los usuarios para abordar desde el hoy la problemática de las empresas del Estado.>
Danilo Kilibarda fue la voz oficialista de defensa del proyecto partiendo de remarcar la importancia de la energía en las sociedades modernas e historiando las leyes dictadas en la provincia sobre energía desde la década del '50 en adelante. Marcó como punto de inflexión el Congreso Mundial de la Energía de 1992 que precipitó un vuelco del sistema energética al sector privado. "No es ni bueno ni malo el monopolio estatal ni el prestador privado. No somos totalitarios", dijo al momento de defender el dictado de la ley de privatización a la que definió como una norma excelente. >
Pero, además, reconoció que en Diputados hay varias propuestas sobre el tema. "Más importantes que los instrumentos son los fines y el fin es que el sector eléctrico se encauce. No logramos consenso y una manera de empezar a andar es que tenga una figura clara. La 11.727 ya caducó por los propios hechos y reponemos una norma que no murió. Es una solución práctica, es la ley que mejor se puede hacer".>
Sin embargo, la socialista Lucrecia Aranda se encargó de destacar que la 11.727 "fue una mala política adoptada en una etapa donde se demonizó al Estado y se dejó todo en manos del señor mercado" y endilgó la responsabilidad en el ex gobernador Carlos Reutemann. Afirmó que volver a la 10.014 "no alcanza porque no resuelve los problemas de la gente que son los apagones y los reventones que sufre el sistema eléctrico".>
Marcelo Brignoni (Encuentro) también recargó la responsabilidad de la privatización en Reutemann y Daniela Qüesta (UCR) cuestionó que no se avance en regular los derechos de los usuarios y el marco regulatorio. Su par Santiago Mascheroni graficó la situación diciendo que "se derogue una ley de Reutemann para volver a una norma de Vernet me trae preocupación", para advertir también sobre aspectos que se podrían haber tomado de la norma a derogar para que el sistema tenga un marco de calidad y eficiencia.>
En el medio Antonio Bonfatti (socialista) postuló hacer una sociedad del Estado; Castellani hizo suyos los argumentos utilizados por Reutemann para justificar la privatización y Gabriel Real (PDP) aseguró que desde 1983 la provincia no tiene política energética.>
Sobre el final, fue Kilibarda quien salió en defensa de Reutemann. "Tuvo la herramienta y no la usó porque no se dieron las condiciones objetivas y subjetivas para hacerlo. El gobierno de la Alianza llevó al país a la catástrofe. Gracias a la Alianza, se salvó la EPE de la privatización", dijo irónicamente para admitir que la Cámara no logró consenso para elegir la nueva figura jurídica para la empresa eléctrica.>
%sAgua para el interior
Diputados le devolvió al Senado el mensaje del Poder Ejecutivo sobre acueductos ya que dispuso que el endeudamiento de 200 millones de dólares para realizar la obra fuera ad referéndum de las Cámaras legislativas que si en 30 días no se pronuncian favorablemente se tomará por rechazada la solicitud.
Salvo el ARI y Brignoni (Encuentro) que votaron sus propios proyectos, el resto del arco político votó en general y el artículo primero que autoriza al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública nacional e internacional para la obra de acueductos que llevará adelante el Ministerio de Asuntos Hídricos.
Los restantes artículos fueron votados únicamente por justicialistas y cavalleristas. En dichos ordenamientos se crea la Empresa Santafesina de Grandes Acueductos Sapem, se fijan los contenidos mínimos de sus estatutos; autoriza al Ejecutivo a endeudarse con un fondo fiduciario para las obras; a tomar deuda ad referendum legislativo por hasta 200 millones de dólares; fija una tarifa única para la totalidad de los prestadores; exime del pago de impuestos, tasas y otros tributos a los actos y contratos para hacer la obra y habilita la expropiación de inmuebles para el tendido de los acueductos.
Oficialistas y opositores coincidieron en la importancia que tiene para la provincia realizar los acueductos para llevar agua potable a más de un millón de personas del cordón oeste que no tienen un producto de calidad.
Las diferencias aparecieron a la hora de elegir los instrumentos para realizar los trabajos. "Es una causa justa pero con una ley que genera muchas dudas", dijo el socialista Raúl Lamberto para luego explicar varias de ellas. Alicia Gutiérrez (ARI) objetó el uso de fideicomisos porque "aparta a fondos públicos del debate y control parlamentario" y mocionó derogar la ley 11.220 que permitió la concesión del servicio de agua y cloacas. El radical Hugo Marcucci se preguntó por las obras virtuales ejecutadas por la ley 11.690 que previó crear un fondo para tender acueductos. Daniela Qüesta planteó las objeciones en particular a cada artículo que hizo el radicalismo. Héctor Jullier (PDP) se remitió a un título del viejo cine argentino "las aguas bajan turbias" para explicar la situación.
Desde el oficialismo Gustavo Deheza y Roberto Mirabella fueron los encargados de justificar el proyecto. El primero destacó "la idea integradora de provincia que permitirá llevar agua a 150 localidades" mientras que el rafaelino la consideró como "la obra más solidaria de la provincia. Es una obra estratégica y pionera que llevará un pedazo del Paraná a un millón cien mil santafesinos".
Capacidad
Era casi la medianoche y se cerraba el debate sobre acueductos cuando el radical Santiago Mascheroni pidió la palabra y le preguntó a la bancada oficialista qué volumen van a impulsar los acueductos. "Me pareció haber escuchado al ministro Joaquín hablar de 200 litros día por persona. Hoy Rafaela tiene quejas por falta de caudal y recibe 260 litros día por persona" acotó. Mario Lacava dijo entender la preocupación pero subrayó que la ley nada dice de eso y le encomendó a discutir el asunto con la futura empresa.
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Diputados le devolvió al Senado el mensaje del Poder Ejecutivo sobre acueductos ya que dispuso que el endeudamiento de 200 millones de dólares para realizar la obra fuera ad referéndum de las Cámaras legislativas que si en 30 días no se pronuncian favorablemente se tomará por rechazada la solicitud.
Salvo el ARI y Brignoni (Encuentro) que votaron sus propios proyectos, el resto del arco político votó en general y el artículo primero que autoriza al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública nacional e internacional para la obra de acueductos que llevará adelante el Ministerio de Asuntos Hídricos.
Los restantes artículos fueron votados únicamente por justicialistas y cavalleristas. En dichos ordenamientos se crea la Empresa Santafesina de Grandes Acueductos Sapem, se fijan los contenidos mínimos de sus estatutos; autoriza al Ejecutivo a endeudarse con un fondo fiduciario para las obras; a tomar deuda ad referendum legislativo por hasta 200 millones de dólares; fija una tarifa única para la totalidad de los prestadores; exime del pago de impuestos, tasas y otros tributos a los actos y contratos para hacer la obra y habilita la expropiación de inmuebles para el tendido de los acueductos.
Oficialistas y opositores coincidieron en la importancia que tiene para la provincia realizar los acueductos para llevar agua potable a más de un millón de personas del cordón oeste que no tienen un producto de calidad.
Las diferencias aparecieron a la hora de elegir los instrumentos para realizar los trabajos. "Es una causa justa pero con una ley que genera muchas dudas", dijo el socialista Raúl Lamberto para luego explicar varias de ellas. Alicia Gutiérrez (ARI) objetó el uso de fideicomisos porque "aparta a fondos públicos del debate y control parlamentario" y mocionó derogar la ley 11.220 que permitió la concesión del servicio de agua y cloacas. El radical Hugo Marcucci se preguntó por las obras virtuales ejecutadas por la ley 11.690 que previó crear un fondo para tender acueductos. Daniela Qüesta planteó las objeciones en particular a cada artículo que hizo el radicalismo. Héctor Jullier (PDP) se remitió a un título del viejo cine argentino "las aguas bajan turbias" para explicar la situación.
Desde el oficialismo Gustavo Deheza y Roberto Mirabella fueron los encargados de justificar el proyecto. El primero destacó "la idea integradora de provincia que permitirá llevar agua a 150 localidades" mientras que el rafaelino la consideró como "la obra más solidaria de la provincia. Es una obra estratégica y pionera que llevará un pedazo del Paraná a un millón cien mil santafesinos".
Capacidad
Era casi la medianoche y se cerraba el debate sobre acueductos cuando el radical Santiago Mascheroni pidió la palabra y le preguntó a la bancada oficialista qué volumen van a impulsar los acueductos. "Me pareció haber escuchado al ministro Joaquín hablar de 200 litros día por persona. Hoy Rafaela tiene quejas por falta de caudal y recibe 260 litros día por persona" acotó. Mario Lacava dijo entender la preocupación pero subrayó que la ley nada dice de eso y le encomendó a discutir el asunto con la futura empresa.
