La explotación mediante engaño o violencia es castigada a través de una nueva figura penal, que involucra una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo.
Télam
La Cámara Alta sancionó por unanimidad de los 55 senadores presentes un proyecto de ley para implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas, que ahora debe ser debatido en Diputados.
El proyecto considera a la trata de personas, ya sean menores o mayores de 18 años, como la "captación, transporte y/o traslado" de estos dentro del país y desde o hacia el exterior con "fines de explotación" cuando "mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción".>
El debate fue seguido por el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, quien, acompañado por la especialista Eva Giberti, estuvo presente en el recinto de sesiones.>
El proyecto fue iniciativa de la senadora Vilma Ibarra, pero tomó forma a través de la consulta con otros proyectos legislativos, y contó con el asesoramiento del Ministerio del Interior.>
Durante el debate, la senadora Ibarra, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, señaló que según Unicef y la Cruz Roja internacional, la trata de personas es la tercera actividad lucrativa ilegal en el mundo, tras el tráfico de armas y de drogas.>
"La mayoría son mujeres a las que se tienta con la ilusión de conseguir trabajo. Se les quita la documentación y se las reduce a la explotación. Se calcula que este delito afecta a más de cuatro millones de personas", sostuvo Ibarra.>
La legisladora remarcó que en la Argentina existen problemas de "reclutamiento, de tránsito y de explotación".>
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Mendicidad forzada
El radical formoseño Luis Petcoff Naidenoff pidió incluir en el proyecto, y le fue negado por el oficialismo, el delito de la "mendicidad forzada" porque, agregó, "es habitual ver a los niños pedir limosna en las calles y obedece al regentamiento de una persona".
La justicialista disidente Liliana Negre de Alonso consideró que "la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, es el flagelo de este mundo globalizado y una de las tragedias que tiene la Argentina".>
La funcionaria pidió "no olvidar las muertes de los hermanos bolivianos en los talleres de costura" al hacer referencia al incendio que destruyó un galpón en el barrio de Flores donde funcionaba una textil ilegal y en el que murieron seis personas, entre ellas cuatro niños.>
El proyecto también castiga el abuso de una "situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aún cuando existiere asentimiento de ésta".>
Acerca de los menores de 18 años, el proyecto establece que es un delito "aún cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción" de toda índole.>
El expediente establece como el delito de "explotación" cuando se "redujere o mantuviera a una persona en condición de esclavitud o servidumbre", cuando se "obligare a un persona a realizar trabajos o servicios forzados", cuando se trate de "cualquier forma de comercio sexual" y hasta con la "extracción ilícita de órganos o tejidos humanos".>
"Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata", ni se le aplicarán "sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria". Las víctimas tampoco serán alojadas en establecimientos destinados a personas detenidas.>
Nuevos artículos
El proyecto también incorpora al Código Penal el artículo 145 bis que reprime con prisión de 3 a 6 años a los que cometieran el delito de trata de personas, y asciende a prisión de 4 a 10 años cuando el autor fuere pariente, encargado de la guarda de la víctima, ministro de algún culto o funcionario público.
Cuando las víctimas de la captación sean menores, las penas irán de 4 a 10 años, y de 10 a 15 cuando mediare engaño o fraude; el autor, fuera persona cercana a la víctima, representante de alguna religión o funcionario; cuando el hecho fuera cometido por tres o más personas; o cuando las víctimas fueran tres o más.>
Las escalas penales se podrán reducir cuando los partícipes o encubridores denuncien el hecho; pero se agravarán hasta los quince años cuando se "hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de las víctimas" o cuando sean menores; y ascenderán a los 20 años, con una mínima de ocho, cuando la trata se realice con el objetivo de "cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero".>
Amplia participación
Destacadas personalidades participaron de la elaboración del proyecto de ley sobre Trata de Personas que aprobó el Senado. Entre quienes colaboraron en la redacción del texto presentado formalmente en la Cámara por la senadora Vilma Ibarra, se encuentran Eva Giberti, coordinadora del Programa Las víctimas contra las violencias, del Ministerio del Interior; y Virginia Franganillo, titular de la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño.
También participaron Mirta Guarino, titular del Juzgado 3 Menores de Moreno; Stella Maris Martínez, titular de la Defensoría General de la Nación; María del Carmen Tucci, de la Procuración General de la Nación; y María Jesús Plo, asesora del Ministerio del Interior.
Además colaboraron, Flavia Vega, asesora de la Defensoría General de la Nación; Mary Belfo, profesora de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Viviana Caminos, de la Red No a la Trata; y Marité Fernández y Alejandra Mir, asesoras de la senadora María Cristina Perceval.
Del ministerio público fiscal participaron los asesores Eugenio Freixas, Horacio García y Alberto Gentili; Laura Gianelli, de la oficina regional para el Conosur de América latina; Diana Gondra, del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño, y Alberto Ilieff, de la coalición No a la Trata en Argentina.
Entre quienes colaboraron también estuvieron Gladis Lavieri, del programa contra la Explotación Sexual y el Trabajo Infantil del gobierno porteño; y Victoria Martínez, de la subsecretaría de Promoción y Protección de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
María Lourdes Molina, de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; Liliana Paladino, de la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño; Nora Schulman, del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos del niño; y Sara Torres, de la red No a la Trata, fueron también partícipes de la redacción del proyecto.
