Convalidación en la Cámara de Diputados
El Congreso modificó la Ley Nacional de Hidrocarburos
Ahora, la propiedad de los yacimientos del territorio y hasta las 12 millas marítimas será para las provincias. A partir de allí, los de la plataforma marítima quedarán bajo jurisdicción de la Nación. Voces a favor y en contra.

Los diputados nacionales convirtieron esta madrugada en ley, el proyecto que modifica el artículo primero de la Ley de Hidrocarburos, con relación a la pertenencia de los yacimientos petroleros y gasíferos del Estado Nacional y de los Estados provinciales.

La norma, aprobada por 110 votos favorables contra 19 negativos y dos abstenciones, establece a grandes rasgos, la propiedad de los yacimientos del territorio y hasta las 12 millas marítimas para las Provincias. A partir de allí, los de la plataforma marítima quedan bajo jurisdicción de la Nación. >

El arista Adrián Pérez fue uno de los más críticos y afirmó que "esto no es un triunfo del federalismo", como argumentaron quienes lo respaldan, sino que "significa una derrota para que la Argentina tenga de una vez por todas una política energética". Sostuvo que con estas modificaciones se "fragmenta el control" de la actividad. >

En un sentido similar, el porteño Claudio Lozano advirtió que "estamos frente a un retroceso importante que coloca al país en la misma situación que en la época de Julio Roca y de Nicolás Avellaneda".>

"Parece mentira que en nombre de un supuesto federalismo se produzca la paradoja de que la riqueza de la Nación no puede ser objeto de la Nación misma", agregó el economista de la CTA, y apuntó que la iniciativa significa "la retirada del Estado Nacional de su tarea de control sobre un recurso estratégico como son los hidrocarburos".>

Los argumentos

La fueguina oficialista Rosana Bertone fue la miembro informante, y al defender la norma dijo que con ella "se abandona la incertidumbre" en materia de jurisdicciones y destacó que "alienta las inversiones para las provincias productoras".

Por su parte, la representante del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli, si bien expresó disidencias en particular, respaldó en general y sostuvo que para las provincias "resulta un imperativo de justicia que lo demanda el estado de derecho". Para la neuquina, la ley va a "saldar una deuda histórica con las provincias injustamente expoliadas de sus recursos, por una ley de facto, bajo el falaz pretexto de ser los yacimientos hidrocarburíferos 'establecimientos de utilidad nacional"'. >

El radical mendocino Alfredo Cornejo, también, defendió la ley y salió al cruce de quienes dijeron que "esta norma es la que querían las empresas. No es cierto, las empresas reclaman seguridad jurídica; si es de la Nación tratan con la Nación, si es con las provincias, tratan con las provincias", replicó. >

La norma establece que "los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito en que se encuentren". "Pertenecen al Estado Nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce millas marítimas", agrega el texto modificado esta madrugada, y dispone que "pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a su costa" hasta las doce millas.>

Prórroga a las retenciones

El Senado dio media sanción anoche a un proyecto de ley que prorroga por cinco años, a partir del 7 de enero de 2007, las retenciones a la exportación de hidrocarburos, una de las mayores fuentes de ingresos del fisco. La iniciativa también extiende las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para establecer las alícuotas correspondientes, de acuerdo con los precios internos y externos.

En el debate, se introdujo una modificación respecto del destino del tributo. El texto original establecía como destino "la atención de los servicios de la deuda pública y a la consolidación de la sustentabilidad del programa fiscal y económico actual", pero al final se eliminó el concepto del pago de deuda pública. La norma fue aprobada con 35 votos a favor y 14 en contra, ya que el radicalismo y los bloques minoritarios expresaron su rechazo a la iniciativa. El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, justificó la sanción del proyecto al señalar que si se eliminaran las retenciones, "el Estado no sólo perdería ingresos, sino también perdería capacidad de regulación del precio interno".

El radical Alfredo Martínez explicó el motivo por el que la UCR votó en contra, a pesar de considerar que "las retenciones son un buen mecanismo para captar parte de la renta petrolera, y tiene validez como mecanismo de control del precio interno. Estas retenciones surgieron en el marco de la emergencia, pero prorrogarlo por cinco años es transformarlo en un impuesto permanente. Entonces pedimos que se transforme en un mecanismo de coparticipación para todas las provincias", sostuvo el legislador santacruceño.

Pero así como no logró en ese tema imponer su posición, el radicalismo tuvo una victoria política en otro proyecto, el que ampliaba en 1.300 millones de pesos el tope que tiene el Estado para la colocación de bonos. Esos fondos estaban previstos para cancelación de pasivos, en su mayoría destinados al programa de propiedad participada de ex trabajadores de YPF, juicios previsionales de militares y efectivos de la fuerza de seguridad, y "deudas con proveedores".

Precisamente, este último rubro fue el que motivó la postergación del tratamiento de la norma, ya que el radicalismo exigió precisiones sobre los 710 millones de pesos destinados a ese fin.

"Queremos que nos digan en qué se va a gastar ese dinero, porque ayer le preguntamos al subsecretario de Ingresos Públicos, Raúl Rigo, y no nos supo responder", justificó el radical Gerardo Morales.

Si bien el justicialismo intentó imponer en forma desprolija el tratamiento sobre tablas, el radicalismo amenazó con retirarse del recinto e hizo retroceder al oficialismo, que se debió conformar con pedir una preferencia para la próxima semana.