El conflicto de las pasteras, que contamina las relaciones de histórica hermandad entre la Argentina y la República Oriental del Uruguay, está impregnado por toxinas difíciles de eliminar.
Sin duda, un problema de estas características no se produce de un día para el otro. Por el contrario, reconoce un proceso en el que se han cometido errores a uno y otro lado de la frontera. Sin embargo, las fallas mayores están en la Argentina. En rigor, hace muchos años que en ambas bandas del río Uruguay se realizan forestaciones con pinos y eucaliptus. Y desde un comienzo se supo que tenían como destino cierto a futuras fábricas de pasta celulósica. Es más, esas forestaciones fueron promovidas por normas nacionales y provinciales de desgravación impositiva. De modo que no hay sorpresas.>
¿Por qué entonces tanto escándalo? Quizá porque en las últimas dos décadas, mientras se activaban los desarrollos para abastecer a las futuras fábricas, fue creciendo en Gualeguaychú -al compás de sus carnavales- el proyecto de una ciudad turística, iniciativa que de manera progresiva se extendió a la zona. Y ya se sabe que en los emprendimientos vinculados con el río y los campos, la calidad del paisaje y del ambiente son muy importantes.>
Al mismo tiempo, se produjo en esos años una fuerte expansión de la conciencia ambiental de los argentinos, aunque muchas veces alimentada por datos parciales, erróneos o intencionados. El efecto de una sistemática difusión -muchas veces sesgada- de los temas ecológicos, es dual. Por una parte, ha tomado volumen la sana preocupación de la ciudadanía respecto de sustancias, objetos y procesos contaminantes. Por la otra, suele circular masivamente información de mala calidad que contamina el juicio de personas y grupos frente a problemas reales e imaginarios.>
En el caso de la pastera Botnia radicada en Fray Bentos, Uruguay, la situación es confusa. Si cumple con las actuales normas europeas, los reclamos pierden consistencia porque tendría un estándar de seguridad muy superior al que pueden exhibir las fábricas del rubro radicadas en la Argentina. Además, según se ha expresado, Uruguay ha ofrecido un monitoreo conjunto, binacional, sobre el funcionamiento de la pastera y sus niveles de contaminación. Entre tanto, la Corte Internacional de La Haya -que votó en contra de la posición argentina-, advirtió que la planta se podría cerrar en el futuro si no cumpliera con las normas ambientales comprometidas.>
En consecuencia, la duda opera sobre el real cumplimiento de los estándares europeos que los finlandeses esgrimen contra las objeciones de la gente de Gualeguaychú. Por lo tanto, ése es el punto. Ésa es también la preocupación del gobierno nacional, conciente de la debilidad de la postura argentina en cualquier foro internacional. El presidente y su gabinete saben que la pastera en un hecho consumado, y también saben que en su momento nuestra cancillería le dio luz verde al proyecto del vecino. De modo que el desenlace se vincula más con las salvaguardas que con un hipotético desmonte de la fábrica. No obstante, el gran problema es Gualeguaychú y su encierro en un inextricable círculo vicioso.>
