Iba desarmado el joven muerto en una comisaría

Mendoza (Télam) Una testigo declaró ante la Justicia que no estaba armado el joven de 18 años que el 9 de enero pasado murió tras ser baleado en una comisaría mendocina por policías que lo acusaron de haber ingresado a la seccional a los tiros, informaron hoy fuentes judiciales y de la familia del chico.

El adolescente Johnatan Oros resultó herido de tres balazos el 7 de enero último cuando, según la policía, entró a la seccional 33 del barrio San Martín, al oeste de Mendoza Capital, y comenzó a disparar contra los efectivos que repelieron la agresión.>

Luego del hecho, Oros, quien recibió un balazo en un tobillo, otro en la ingle y el tercero en el tórax, fue trasladado al hospital Lagomaggiore, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció por dos días internado en grave estado hasta que murió.>

Fuentes judiciales informaron a Télam que ayer se presentó ante el fiscal del caso, Daniel Carniello, una mujer que declaró en la causa como testigo de identidad reservada y dio otra versión sobre lo ocurrido con Oros en la seccional.>

Los voceros consultado por Télam precisaron que la testigo "asegura que vio que Oros fue introducido a la comisaría y no que ingresó disparando a mansalva como declararon los policías que dijeron haber repelido el fuego".>

Por su parte, el abogado de la familia de Oros, Alfredo Guevara (h.), señaló a la prensa que "se trata de un presunto caso de gatillo fácil porque el joven resultó muerto y ningún policía herido y los efectivos involucrados no fueron desafectados del servicio".>

La muerte de Oros tomó repercusión local y ayer llegó a Mendoza el secretario de la Comisión Antiimpunidad nacional, Luis Bordón, padre del estudiante Sebastián Bordón, asesinado por policías en 1997, en San Rafael.>

Según las fuentes, Bordón ofreció a los padres de Oros todo el apoyo desde la comisión que preside para aclarar el caso y también se entrevistó con el fiscal Carniello y con el ministro Bondino.>

Además, llegaron a Mendoza representantes de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) quienes denunciaron que "se investigan 17 hechos producidos desde mediados de diciembre a la fecha por presuntos casos de gatillo fácil en la vía pública o cárceles de distintas provincias".>

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