Eran aproximadamente las 3.30 de la mañana del 1º de enero de 2007, cuando una mujer de 21 años murió en el barrio General López de esta ciudad luego de recibir un balazo en el tórax. El tiro se produjo durante una discusión familiar que se había iniciado mientras festejaban la llegada del Año Nuevo.

Fue el primer homicidio del año en el departamento La Capital y representó apenas un preludio de lo que estaba por ocurrir: diez asesinatos en un mes, lo que arroja el escalofriante promedio de un homicidio cada 72 horas.>

Así lo describió recientemente El Litoral en un informe periodístico en el que se refleja de qué manera la mayor parte de los asesinatos cometidos en la ciudad de Santa Fe se produce por problemas personales, ajustes de cuentas o discusiones. Es decir que, acabar con la vida del otro, se ha convertido en una alternativa más a la hora de resolver conflictos que bien podrían solucionarse de una manera más civilizada.>

De hecho, sólo en uno de estos diez asesinatos está claramente establecido que el crimen se produjo en ocasión de robo. Se trata del caso en el que perdiera la vida un sargento primero de la policía, quien recibió un tiro mientras perseguía a un grupo de delincuentes que acababa de asaltar un almacén del barrio Alto Verde.>

Frente a una realidad semejante, en la que parte de la sociedad opta por resolver sus conflictos personales aniquilando al contrincante de turno, resulta improbable que las fuerzas de seguridad del Estado puedan prevenir la mayoría de los homicidios.>

De todos modos, surge un elemento a tener en cuenta y que exige una respuesta política inmediata: la enorme cantidad de armas que circulan en el mercado negro y que son utilizadas para delinquir.>

La policía secuestra en promedio dos armas por día en el departamento La Capital, pero todo indica que estos esfuerzos no resultan suficientes.>

En las últimas horas, se supo que el gobierno nacional analiza pagar entre 100 y 450 pesos por cada arma que le sea entregada voluntariamente por sus poseedores, esté o no legalmente registrada.>

Esta decisión forma parte del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, convertido en ley por el Congreso el 20 de diciembre último.>

La discusión está planteada. Algunos analistas advierten que los delincuentes no estarían dispuestos a entregar sus armas. Y si efectivamente lo hicieran, cabe preguntarse si en ese momento no deberían quedar detenidos para que rindan cuentas ante la Justicia por los delitos que hubieran cometido con anterioridad. Salvo, claro, que la entrega se integre con un plan de amnistías.>

Sin embargo, éste no es un problema exclusivo de Santa Fe, ni de la Argentina. En Brasil, donde cada año las armas de fuego provocan la muerte de 36 mil personas, el gobierno convocó en 2005 a un referéndum para que la gente decidiera si era conveniente prohibir la venta de armamento y municiones a civiles. El resultado fue contundente, pues el 64% de los votantes se expresó en contra de la prohibición. Y es que, frente a tanta inseguridad, la ciudadanía brasileña prefiere estar armada para defenderse.>

Es de esperar que en la Argentina no lleguemos a tal extremo.>