La falta de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, que se recorta con contornos propios sobre el fondo de un todavía generalizado desprestigio de la mayoría de las instituciones, es un problema que se aborda de manera recurrente y conectado a otras cuestiones. Así, la cuestión se vincula con la mora procesal, con el exceso de reglamentarismo, con la profusión de subterfugios procesales para demorar o complicar el trámite de las causas, con la escasa dedicación que exhiben muchos magistrados -a los que se advierte a la vez ubicados en una situación de privilegio- o con la desventaja en que se encuentran quienes no poseen los medios para iniciar o sostener una acción.

Desde los tribunales, se reconocen falencias, pero son atribuidas a la escasez de juzgados suficientes, a las carencias de infraestructura y recursos y, entre otras cosas, al mantenimiento de una normativa vetusta y anacrónica; todos ellos, condicionamientos cuya remoción es resorte de otros poderes. A lo sumo, existe alguna autocrítica en lo referido a la resistencia que muchos jueces todavía presentan a una mayor apertura hacia la sociedad, y en cuanto a la "oscuridad" de muchos pronunciamientos que, por abuso de tecnicismo o carencia de claridad, resultan difíciles de comprender para sus propios destinatarios directos.>

Estos factores que afectan internamente el funcionamiento de la Justicia, se ven potenciados actualmente por un contexto social que los excede, pero al cual terminan indisolublemente ligados. En el marco de una creciente concientización acerca de los derechos individuales y colectivos, los coletazos del descalabro económico, que hizo eclosión en 2001, y los desequilibrios estructurales, que aún están lejos de resolverse, el reclamo a los tribunales es cada vez mayor. Y todo esto agravado, a su vez, por la extendida desconfianza y escasa predisposición a conciliar que aqueja a la comunidad, con lo cual las acciones judiciales, que deberían ser la última alternativa para la resolución de los conflictos, son frecuentemente el camino inicial que se toma frente a ellos. Así, son cada vez más los planteos ante los jueces, al tiempo que se agregan nuevas pretensiones, cuya respuesta tradicionalmente se esperaba de otros ámbitos.>

Hay todavía otros factores, aunque los mencionados son lo suficientemente elocuentes: el aumento de la demanda se topa con la insuficiencia del esquema judicial para satisfacerla y, al defraudar las expectativas -a veces por defectos propios, a veces por exceso de las mismas- se sigue socavando la credibilidad del órgano, en un persistente círculo vicioso.>

Pretender que la complejidad de esta problemática pueda ser abordada con un puñado de medidas o con la mera derivación de fondos, es tan ingenuo como peligroso. Solamente, el activo compromiso de todos los sectores involucrados, lo que incluye a la sociedad en su conjunto, permitirá un abordaje serio e integral, como ineludible punto de partida para reconstituir el pacto de confianza en que debe apoyarse la Justicia para poder cumplir su cometido.>