El gobierno provincial recibió un nuevo revés judicial, luego de que la sala III de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario rechazara un recurso de inconstitucionalidad que presentó la Provincia. De esa manera, quedó firme, el fallo de primera instancia que obliga a la administración de Jorge Obeid a incrementar la presencia policial en las calles de Rosario y a presentar un informe de las políticas implementadas en materia de seguridad.

La demanda en reclamo de mayor seguridad la inició un docente jubilado en 2005, luego de que varios vecinos de la zona donde vive fueran blanco de varios robos. >

El primer revés judicial que recibió la provincia en el marco de esta causa fue la sentencia que dictó el juez Civil y Comercial Nº1, Norberto Scavone. En un fallo en junio de 2006, el magistrado hizo lugar a la demanda del jubilado que reclamaba, bajo los alcances de la ley 10.000 de intereses difusos, mayor seguridad en Rosario. >

Scavone concluyó que los operativos policiales resultan "escasos. No podemos hacer oídos sordos a este recurso, que en esencia es clamor, opinión y pensamiento de toda nuestra sociedad", señaló.>

El juez le ordenó al Ejecutivo "un accionar tendiente a brindar mayor seguridad a la actual población, incrementando la presencia y patrullaje policial en la vía pública". >

Luego, la Provincia apeló la medida, pero en noviembre de 2006 el Tribunal de Alzada rechazó el recurso y dejó firme la decisión de Scavone. >

El próximo paso que dio el gobierno en el marco de este reclamo judicial fue un recurso de inconstitucionalidad, que la cámara también denegó en una resolución dictada el 1º de marzo pasado. >

Los camaristas de la Sala III, integrada por María del Carmen Álvarez Néstor Sagües y Mario Chaumet, resolvieron que "el fallo en cuestión en nada invade las competencias privativas e inherentes al Poder Ejecutivo provincial por lo que no existe caso alguno de gravedad institucional en juego". De esta forma, quedó firme la resolución de Scavone que ordena al gobierno provincial incrementar la presencia policial, mientras entrega un informe en materia de seguridad ciudadana.>

Ahora, la única opción que le queda al gobierno provincial es presentarse en queja ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.>