Vulnerando los más elementales principios de cultura republicana, el presidente de la Nación le exige al titular de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi, que acelere los juicios de condena a los supuestos terroristas de Estado. El ministro Aníbal Fernández le reclama al juez Bisordi que renuncie, que se vaya, mientras que su vocero en el Consejo de la Magistratura, el diputado Carlos Kunkel, presiona y promete juicios políticos a los jueces acusados de no hacer lo que les exige el gobierno.

A los efectos del debate abierto, poco importa divagar sobre las demoras crónicas en los procedimientos judiciales o acerca de la supuesta justicia de la causa que se pretende juzgar. En principio, importa saber que la mora en los juicios que ocupan nuestra atención se deben, además de la burocracia que afecta al conjunto del sistema judicial desde hace décadas, a las acciones interpuestas por los propios querellantes.>

Desde diferentes instancias, se ha reclamado la aceleración de los juicios, y los propios jueces hoy imputados por el Ejecutivo en diversas ocasiones han expresado su preocupación por las demoras. Pero lo que hoy se debate no es una cuestión burocrática, sino la independencia misma de uno de los poderes centrales del sistema político.>

El presidente de la Nación y sus ministros no parecen estar preocupados por la demora de los juicios en general, sino por la demora de los juicios que, según su punto de vista, deberían condenar a los terroristas de Estado.>

Néstor Kirchner parece no concebir un juicio con todas sus garantías y seguridades, sino un trámite ejecutivo que condene. Derecho de defensa, principio de presunción de inocencia parecen ser simples formalidades o excusas para detener la acción justiciera tal como ellos la conciben. A nadie se le escapa que esta lógica de razonamiento se parece más a la de un "tribunal popular", de una sociedad totalitaria, que a la de un tribunal democrático de un estado de derecho fundado en el principio de la división de poderes.>

Las garantías y la presunción de inocencia valen para todos y en esto no hay ni debe haber excepciones. La independencia de la Justicia también es un valor sustantivo de la república democrática y todo ataque directo o solapado es el punto de partida para la suma del poder público. La conducta del presidente en este punto está reñida con los valores constitucionales que dice defender y, de alguna manera, reproduce en el orden nacional hábitos y pulsiones que practicó en su provincia cuando ejercía el cargo de gobernador.>

Sus actitudes están en las antípodas, por ejemplo, del ex mandatario chileno Ricardo Lagos, quien obligado a afrontar situaciones parecidas planteó que la Justicia debía hacerse cargo del pasado, porque la tarea del presidente era hacerse cargo del futuro. Lagos pensaba a la acción política desde una cultura republicana y consideraba que el valioso y urticante tema de los derechos humanos no podía ser objeto de manipulaciones políticas, y mucho menos de especulaciones electorales. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo del presidente argentino. >