La Iglesia católica intentará restablecer una mesa de diálogo amplia, sin condicionamientos sectoriales ni electorales, a fin de luchar contra la exclusión social, que considera todavía una deuda pendiente en un país con mejores indicadores macroeconómicos.

La iniciativa inclusiva ya se entregó a gremios, empresarios, organizaciones no gubernamentales y credos, y aspira a proponer desde el consenso proyectos de ley para establecer políticas de Estado.>

También llegó de modo indirecto a manos del gobierno, a través del Secretario de Culto Guillermo Oliveri, quien se constituyó en el único nexo del Episcopado con la Casa Rosada tras la crisis por el caso del obispo castrense.>

El objetivo de máxima -dijeron voceros de la Comisión Episcopal Justicia y Paz- es que el crecimiento económico garantice también los derechos sociales, sobre la base de una decena de temas prioritarios.>

Aunque el abanico de tópicos es amplio y puede ser mayor, los obispos expresan preocupación por la educación, la salud y en forma coyuntural por la independencia de la justicia. Un punto clave en medio del enfrentamiento del presidente Néstor Kirchner con la Cámara de Casación por las demoras en las causas por violación de los derechos humanos, que obligó al primer mandatario a decir que no tenía intención de invadir ningún poder e incluyó un reclamo de mesura de la Corte Suprema.>

A fin de darle "calidad a la democracia" desde lo judicial, la Iglesia reitera la necesidad de una reforma integral que transparente el accionar de los hombres de ley, modernice la estructura administrativa, y favorezca el acceso a una justicia equitativa para todos.>

En el bosquejo eclesiástico se trazan líneas directrices para fomentar la participación ciudadana para mejorar la calidad del servicio judicial, sobre todo en cuanto a simplificar los procesos y ampliar los sistemas alternativos para resolver controversias (mediación penal, arbitraje, justicia vecinal, etc.).>

La Iglesia vuelve a prestar su "ámbito moral" para construir un país inclusivo, aunque esta vez sin tantas urgencias como en 2001, cuando tuvo que frenar la insurrección popular que acompañó la caída precipitada de Fernando de la Rúa.>

Ahora los obispos buscan contener las situaciones de pobreza extrema de millones de argentinos, fomentar la dignidad del pleno empleo y auspiciar un sistema educativo de calidad para todos. Prioridades que, entre otras, no podrán traducirse -dicen- en políticas públicas sin un diálogo institucionalizado.>

La Comisión Episcopal de Pastoral Social subordina ese diálogo multisectorial al cumplimiento de ciertas actitudes por parte de los interlocutores: voluntad positiva de escuchar al otro y de asumir de su propuesta lo que descubra como verdadero, bueno y contundente al bien común, aunque entrañe algún renunciamiento.>

Propuestas que, al entender eclesiástico, aun beneficiando a un sector, tengan en cuenta el bien de la sociedad entera y el orden jurídico establecido en la Constitución Nacional.>

Pautas que requieren de un nuevo estilo de hacer política basado en la solidaridad social y no en la prepotencia del poder, que -advierten los hombres de Iglesia- contribuyen a ampliar la brecha entre gobernantes y gobernados, pero también entre ricos y pobres.>

"Un sistema social no inclusivo, fruto de las marcadas inequidades, que genera efectos negativos para la plena integración de la vida social y la calidad del sistema político institucional, alejando la posibilidad de un proyecto social común", denunció recientemente la Universidad Católica Argentina al presentar su informe sobre la deuda social.>