La Audiencia Nacional condenó a 290 años de prisión a Ibón Echezarreta y a Luis María Carrasco como responsables de un atentado con bomba-trampa, cometido el 11 de noviembre de 2000 junto al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, ubicado en San Sebastián, norte de España.

En una sentencia conocida hoy, esa corte judicial, que se ocupa de delitos de terrorismo, entre otros, responsabiliza a ambos etarras de 16 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa (tantos como miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en el atentado) y de un delito de estragos terroristas.>

El tribunal decidió condenar también a los etarras a pagar una indemnización que suma en total 2,5 millones de euros (3,3 millones de dólares) a las personas, organismos y entidades afectadas por su actividad, y les prohíbe ir a San Sebastián en cinco años después de que terminen de cumplir la pena.>

Según el relato de los hechos probados que figura en la sentencia, sobre las 07.00 horas del 11 de noviembre del año 2000, los acusados, miembros de un comando de ETA, colocaron dos lanzagranadas de fabricación artesanal sobre sendas plataforma de cemento a unos 250 metros del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.>

Tres cuartos de hora después se produjo la detonación de una granada, que impactó a unos 40 metros de la zona de lanzamiento y a un metro de la autovía de acceso al barrio de Herrera de San Sebastián.>

Poco después, un obrero que trabajaba en unas obras de iluminación viaria en la zona se percató de la existencia de las dos plataformas de cemento que servían de base para los lanzagranadas, por lo que alertó del hallazgo al teléfono de emergencias 112.>

Miembros de las fuerzas de seguridad procedieron a acordonar la zona y a desactivar la granada que quedaba en una de las dos lanzaderas.>

Cuando los especialistas consiguieron desactivar el artefacto se produjo la explosión de una bomba-trampa, que estaba escondida en el interior de la base de cemento que sostenía el lanzagranadas y la granada desactivada.>

El estallido afectó a 16 funcionarios, diez de ellos pertenecientes a la Guardia Civil, tres al Cuerpo Nacional de Policía y otros tres a la Ertzaintza o Policía vasca.>

Los hechos fueron reivindicados ocho días después por la organización terrorista ETA en un comunicado publicado en el diario nacionalista vasco radical Gara.>