En la provincia de Santa Cruz, los conflictos sociales con los maestros no son muy diferentes de los que ocurren en Neuquén, e incluso pueden ser más graves. Más allá de la retórica del gobierno nacional respecto del modo de resolver las diferencias con los docentes prescindiendo de la presencia del poder público, los hechos demuestran que el camino de la negociación debe estar siempre abierto y que las libertades y garantías constitucionales deben respetarse. No obstante, es claro que el Estado no puede ni debe renunciar al ejercicio legítimo de su autoridad soberana.

La muerte del docente Carlos Fuentealba fue condenada por toda la sociedad, incluso por el propio Sobisch; pero como suele ocurrir en estos casos, el gobierno nacional, cuyas diferencias con el gobernador de Neuquén son evidentes, intentó tomar distancia del hecho planteando que el Estado en ninguna circunstancia intervendrá imponiendo su autoridad.>

Las declaraciones del ministro Fernández y las del mismo presidente de la Nación -a las que habría que sumar las de Macri, desentendiéndose de su alianza política con Sobisch- pueden ser calificadas, en el más suave de los casos, como conceptualmente incorrectas, cuando no, de oportunistas. Como hombre de Estado, Kirchner debe saber que ningún gobierno puede renunciar al uso legítimo de la fuerza pública, una intervención que así como debe ser precisa y moderada, en determinadas circunstancias puede ser coercitiva, sobre todo cuando, de lo que se trata, es de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y no solamente los de un sector.>

En estos momentos, la provincia de Santa Cruz, dominada políticamente por el oficialismo nacional, está convulsionada por los conflictos sociales, y la Policía y la Gendarmería intervienen con discreción pero intervienen. Da la impresión de que los caminos del diálogo y la negociación están cerrados. Lo concreto es que los sindicalistas toman reparticiones públicas y enfrentan de manera beligerante a las autoridades.>

El gobierno de Santa Cruz se encuentra hoy ante el dilema de dejar hacer, una decisión que implicaría una mayor inestabilidad social, y terminar cediendo a los reclamos de los sindicalistas, o intervenir asegurando el orden, con lo que estaría en contradicción de manera evidente con las posiciones sustentadas por Fernández y Kirchner.>

Queda claro que la alternativa en estas situaciones no es la de represión o la anarquía. Entre ambas posiciones existe una amplia gama de matices que un gobierno debe saber usar para cumplir con las leyes y obtener sus fines. Compatibilizar la libertad con el orden público, las demandas sectoriales con el interés colectivo, son los grandes desafíos que se les presentan a los gobernantes democráticos. Ese desafío no se resuelve fácilmente en tanto que constituye uno de los dilemas centrales de toda gestión política democrática, pero mucho menos se resuelven con actitudes oportunistas y declaraciones irresponsables que más temprano que tarde ponen en evidencia sus límites, una verdad que el gobierno nacional está aprendiendo a asimilar a través de los sucesos que en estos días agitan a la provincia de Santa Cruz.>