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Cientos de santafesinos colmaron ayer la plaza 25 de Mayo al cumplirse cuatro años de la catástrofe hídrica de 2003 y un mes de la última inundación.
Con pancartas, redoblantes y panfletos, los vecinos de distintos barrios de la ciudad y localidades de la provincia se ubicaron de espaldas a Casa de Gobierno, en una clara manifestación de la actitud que denuncian de las autoridades.>
Fue un acto pacífico en el que primó el reclamo de justicia, el recuerdo de los fallecidos, la denuncia hacia funcionarios (actuales y anteriores) de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el pedido de un plan de obras para Santa Fe.>
Estos puntos estuvieron contenidos en el documento que se escuchó ayer y que contó con la adhesión de unas 70 organizaciones. En el texto, las entidades hicieron un racconto de los reclamos y denuncias realizados cuando se conmemoraron los tres aniversarios anteriores e incorporaron un párrafo especial destinado al intendente Martín Balbarrey al que calificaron de "prepotente" por la gestión que realizó durante la emergencia en las últimas inundaciones. "Echó a los voluntarios de los centros de evacuados y responsabilizó a las vecinales y a las organizaciones civiles de lo que él no hizo", dijeron.>
Con tono duro, denunciaron estar manteniendo "una ríspida y desigual lucha contra el poder político y judicial que ha negado, ocultado y protegido a sus inundadores".>
En el discurso aparecieron mencionados, entre otros nombres, el de Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Horacio Rosatti, Marcelo Álvarez y Edgardo Berli, pero también los legisladores que votaron la ley 12.183 que estableció el Régimen de Reparación excepcional destinada a reparar "los daños materiales y espirituales" ocasionados por el desborde del Salado. El documento consideró "injusta, extorsiva, arbitraria e inconstitucional" a la normativa y reclamaron su derogación. Uno de los puntos más conflictivos es que la ley obliga al beneficiario a renunciar a una eventual pretensión de indemnización por daños y perjuicios derivados de las inundaciones contra el Estado.>
El momento más emotivo del acto, que se extendió durante casi tres horas, fue durante la lectura de los nombres de los muertos que dejó la catástrofe hídrica de 2003 y del que falleció en la última inundación. En este tramo del discurso, no se obvió una dura crítica a las declaraciones del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, respecto de este último caso.
Además de estos nombres, se sumaron a las pérdidas humanas "tres personas -dos de barrio Chalet y una de Villa del Parque- que no murieron ahogadas sino del impacto y el dolor que les causó esta última inundación", dijo Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra de la Memoria y la Dignidad.>
Luego de recordar a las víctimas, un nutrido grupo de vecinos cruzó la calle y manifestó su indignación frente a Tribunales. Las impresiones de los presentes fue que en el poder judicial -al que calificaron como la "cosa nostra santafesina"- "también se recicla, se pagan favores, se compran lealtades y por sobre todo, se emplean familiares y amigos de los poderosos".>
La disconformidad con el avance de la causa judicial mereció una alusión destacada. "Se repudió al actual juez de la causa inundaciones, Patrizi, por su inacción y porque sigue sin tener en cuenta las pruebas que se les estuvieron presentando en estos cuatro años y que todas apuntan a que Reutemann es uno de los principales responsables", señaló Albornoz.>
Al igual que en 2005, denunciaron las "dos caras de Santa Fe": "una provincia rica" pero sin las obras de infraestructura necesarias para que la gente no se inunde. Por eso solicitaron puntualmente la "finalización de obras de defensa y obras accesorias: el funcionamiento y mantenimiento de las casabombas, limpieza de los desagües, zanjas y reservorios y la elaboración de un plan de contingencia con participación de la ciudadanía".
Entre los reclamos también figuraron: la sanción de la ley de indemnización integral; que se investiguen los hechos posteriores a las dos inundaciones: desvío de donaciones, atención en centros de evacuados, manejo y sobreprecio de la asistencia, secuelas, entre otros; inhabilitar de por vida a los responsables políticos para ejercer cargos públicos; que sean concursados los cargos públicos técnicos; reglamentación total y cumplimiento de la Ley 11.730 de uso de zonas inundables; políticas, planes y programas de salud, que asistan en el lugar de residencia de los afectados, y la creación de planes de viviendas dignas y de urbanización, para la conformación de barrios y no asentamientos.>