Cuando la investigación parecía terminada y todo indicaba que la causa públicamente conocida como "obras virtuales" iba a ser elevada a juicio, se produjo una seguidilla de situaciones que están demorando el proceso y se confirmó que el fiscal, Héctor Millen, resolvió apartarse definitivamente de este caso, que tiene como imputados a funcionarios y agentes municipales y provinciales.
"Por decisión propia, a partir del 27 de marzo de 2007, he dejado de participar como fiscal y, por ende, ser responsable de las actuaciones...", dice la nota elevada por Millen al fiscal de Cámaras, Raúl Reyes.>
En esta causa ya declararon en calidad de imputados el intendente Martín Balbarrey, y los siguientes funcionarios municipales y provinciales: Edgardo Ragalli, Delia Godoy, Edgardo Andreone, Armando García, Juan Carlos Caffaratti, Jorge Bounous, Víctor Frutos, Alfredo Pérez, Ricardo Ruiz, Miguel Zanutti, Claudio Tibaldo, Carlos Gómez Galissier, María Pantorrilla de Ascorti, Eduardo García, Roberto Meli y Rodolfo Keller.>
Cabe aclarar que el hecho de que estas personas aparezcan como imputadas no significa que se haya probado la comisión de algún delito, aunque sí existen que elementos suficientes como para sospechar que pudieron estar vinculados directa o indirectamente con las irregularidades que se investigan.>
La causa se inició a partir de una información publicada por El Litoral. El 29 de diciembre del año pasado, apareció una noticia bajo el título "La plata está, las obras no". El caso sorprendió incluso a los actuales funcionarios municipales, quienes demoraron varios días en esgrimir alguna explicación frente a la denuncia periodística.
El fiscal Héctor Millen intervino de oficio -el fiscal de turno, Oscar Dongo, estaba de licencia- y, desde entonces, el tema se instaló en la Justicia.>
Según el sitio web www.obraspublicas.gov.ar/plan, en Santa Fe se había ejecutado el ciento por ciento de distintos trabajos relacionados con obras de bacheo, reconstrucción de bocacalles o arreglos de plazas.>
Pero la investigación periodística de El Litoral reveló que la información de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación no coincidía con la realidad en este plan que abarcaba treinta obras que debieron concretarse en la ciudad de Santa Fe entre 2002 y 2005.>
Lo llamativo en este caso es que en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación estos trabajos figuraban como terminados, por lo que se enviaron remesas desde Capital Federal por un total de 539.369 pesos. Sin embargo, informes entregados por la Municipalidad a la Justicia y verificaciones realizadas por los investigadores, demostraron que algunas de estas obras no estaban concluidas o que parte de los fondos fueron utilizados para otros trabajos.>
En este plan, la Municipalidad debía realizar las obras, mientras que la provincia tenía la misión de certificar la finalización de los trabajos. Dichas certificaciones llegaron a Buenos Aires, pero algunas no coincidían con la realidad.>
Una vez que Millen consideró que la investigación estaba terminada, puso todos los elementos recabados en manos del fiscal Dongo, para que procediera a presentar al juez de Instrucción, José Manuel García Porta, el requerimiento formal de elevación a juicio.
Esto significa que el expediente debía pasar a un juez de Sentencia, para que determine si existen elementos como para condenar, o no, a los sospechosos. En ese momento, Millen planteó que estaba dispuesto a colaborar con Dongo en todo lo que fuera necesario, teniendo en cuenta que fue él quien había seguido de cerca las investigaciones y había participado de las indagatorias.>
Pero Dongo no solicitó que el caso fuera elevado a juicio. En lugar de ello, planteó a García Porta que dicte falta de mérito para los funcionarios del gobierno de la provincia por considerar que no existen elementos suficientes como para sospechar de ellos y, además, solicitó una serie de nuevas constataciones de las obras.>
Por ese motivo, el expediente permanece en el despacho del juez, hasta tanto se realicen estas diligencias. Frente a esta situación, Millen renunció definitivamente a seguir vinculado con el caso.>
Si García Porta no coincide con Dongo y considera que existen elementos suficientes como para sospechar de los agentes provinciales, pues entonces deberá realizar el planteo ante el fiscal de Cámaras, Raúl Reyes, quien tendrá que determinar si coincide, o no, con el fiscal.>