El reciente informe de una consultora privada muestra a Santa Fe con un penoso récord de inflación anualizada de 15,6 %, muy por encima del 10 % de Buenos Aires. Nuestra provincia es el segundo distrito del país y sus autoridades suelen exhibir, con mayor o menor pertinencia, los resultados positivos de la gestión administrativa, el saldo comercial, su productividad agropecuaria y su potencial industrial; la aparente paradoja obliga a la reflexión.

En una primera aproximación, ese mayor desarrollo relativo respecto de otras provincias y regiones del país es un argumento que explica en parte el fenómeno inflacionario. Por su mayor fortaleza económica, Santa Fe cuenta con más recursos y eso supone una mejor posición de la demanda a la hora de pagar consumos y servicios, por lo que la oferta aprovecha para obtener mejores réditos de tal posición relativa.>

Podría señalarse en la misma línea argumental que, con mejor dinamismo económico y capacidad de consumo, la inflación en la ciudad de Buenos Aires crece a un ritmo muy inferior. En este caso es necesario buscar las causas en la represión del gobierno nacional sobre algunos mercados, las políticas de manipulación de los indicadores y la distribución discriminatoria de subsidios.>

La penosa política de control sobre la conformación de los índices oficiales que administra el Indec tiene mayor incidencia en el referido a la inflación porteña. De igual forma, los distorsivos controles de precios en los mercados de frutas y verduras de Buenos Aires o de carnes en Liniers tienen la misma delimitación geográfica. Y finalmente los subsidios a áreas estratégicas como el transporte permiten que colectivos, trenes y subterráneos de Capital Federal y su zona de influencia tengan mayor beneficio y servicios a menores costos.>

El gobierno nacional, que se jacta de su política de desendeudamiento, ha emitido deuda pública que se actualiza por la inflación. Pero como el índice que se usa a tal fin -denominado Coeficiente de Estabilización de Referencia- es la inflación de Capital Federal y Gran Buenos Aires, la política de reprimir ese indicador le ahorra al Tesoro millones de pesos, aunque no evita que la economía real muestre peligrosas distorsiones.>

En términos sociales, la inflación es un impuesto a la pobreza, sea cual fuere la zona del país en la que se vive. Se trata de un fenómeno que los excluidos no padecen, porque en la falta de medios son ajenos a la evolución de la magnitud de los precios. Lo sufren en especial los sectores asalariados, formales e informales, y lo pueden administrar o incluso aprovechar los sectores empresarios que mejoran sus precios relativos y descargan sus mayores costos mientras postergan los mecanismos con los que distribuyen sus ingresos.>

Pero la inflación -más allá de regiones o roles en la escala socioproductiva- reconoce causas que se explican en la economía estructural y no en la conducta de algún sector. El país tiene un tipo de cambio alto pero artificial; la compra de dólares imprimiendo moneda ya no garantiza un crecimiento sostenido de la balanza comercial, y el riesgo de inflación es un gran desafío de la política nacional, así como un déficit más en el debate público de las políticas de nuestra democracia.>