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Los procesados que se encuentran cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todas las elecciones que se realicen en la provincia de Santa Fe a partir del 1° de enero del año venidero si el Senado acepta el criterio sustentado por la Cámara de Diputados, que ayer modificó la ley electoral.
La Cámara Joven votó por unanimidad -en general- un proyecto impulsado por el justicialista Danilo Kilibarda pero se dividió entre oficialismo y oposición al momento de precisar los alcances que tendrá ese derecho.>
En los hechos, la modificación a la ley N° 4.990 apunta a poner en sintonía a la provincia con la legislación nacional que fue adecuándose a las disposiciones emanadas en este caso del Pacto de San José de Costa Rica al cual ha adherido nuestro país.>
Tal vez habría que buscar el origen del proyecto discutido ayer en el amparo concedido en el 2002 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una presentación del entonces presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Emilio Fermín Mignone, para que se garantice el ejercicio del derecho de sufragio a las personas detenidas sin condena en todos los establecimientos penitenciarios de la Nación. La Corte no sólo hizo lugar al amparo sino que conminó al Congreso para que adapte la ley electoral nacional a las disposiciones del Pacto y esto se cumplió con el dictado de la ley 25.858.>
"Los derechos humanos se hacen para los enemigos. Esto le da fuerza ética a la República" subrayó Kilibarda al momento de resaltar la necesidad que tiene la provincia de poner en sintonía su ley electoral con la nacional.>
La oposición aceptó los alcances del proyecto pero se distinguió al momento de la votación en particular. Primero fue el socialista Raúl Lamberto quien mocionó excluir del derecho a voto a los detenidos por delitos de lesa humanidad. Al momento de justificar su postura señaló que "han gozado durante veinte años de un régimen de excepción para no ser sometidos a justicia" en alusión a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Remarcó que en la provincia, la actual ley electoral niega el derecho a voto a los fiscales fuera de su mesa y a personal de fuerzas de seguridad también fuera de su distrito. "Podemos tener un régimen excepcional para los delitos de lesa humanidad. Es necesario dar una señal desde la provincia" subrayó.
Por su parte, Santiago Mascheroni (UCR) propuso que la habilitación alcance únicamente las elecciones donde la provincia es distrito único (presidente, legisladores nacionales, gobernador y vice, y diputados provinciales) excluyendo las distritales para evitar tener que constituir en un penal tantas mesas como lugares de origen de los internos haya. Marcelo Brignoni (Encuentro) avaló con ejemplos ambas disidencias. No excluir a los implicados en delitos de lesa humanidad implicaría para el legislador que Mario Facino pueda ser candidato y habría voto cantando de internos en el caso de las elecciones locales donde haya único empadronado en distritos.>
Kilibarda y los diputados de la oposición mantuvieron sus posturas y votaron en forma dividida el artículo central de la reforma imponiéndose el criterio del primero por 16 a 14.>
El punto principal del proyecto establece que "los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el paso en que se encuentren detenidos". Más adelante, autoriza al Tribunal Electoral a utilizar el Registro de Electores Privados de Libertad que confecciona la Cámara Nacional Electoral y a habilitar las mesas en cada establecimiento de detención así como la designación de las autoridades respectivas.>
La ministra de Salud, Silvia Simoncini, remitió una respuesta a la Cámara de Diputados ante el planteo efectuado el pasado jueves por la socialista Lucrecia Aranda. La legisladora recordó que la ministra había señalado ante Diputados que no le constaba que la familia de Ana María Acevedo hubiera pedido la interrupción del embarazo a las autoridades del hospital Iturraspe y tampoco le constaba la denegación de esa interrupción.
En su carta a Diputados, Simoncini dice que esos dichos fueron "de buena fe" ya que al asistir a la Cámara "el informe presentado estuvo basado en las declaraciones de profesionales que constan en las actuaciones sumariales iniciadas por la suscripta de las cuales surgen que: los padres de la paciente fueron oportunamente informados de lo resuelto por el comité de bioética (en cuanto a la interrupción del embarazo) y los mismos aceptaron tal decisión (declaración del doctor Blajman, jefe del Servicio de Oncología). También el jefe del Servicio de Tocoginecología, doctor Ulla, en declaración tomada por los abogados sumariantes, expuso que la madre de la paciente nunca le requirió que se terminara con el embarazo".
Agrega que "sin perjuicio de lo expuesto, el análisis pormenorizado de la historia clínica (cuyo original fue retirado del hospital por orden de este ministerio) arroja una referencia al pedido de interrupción del embarazo por parte de la familia". Acota que la fotocopia exhibida por Aranda en el recinto será incorporada al sumario y aclara que la documentación original fue remitida a la fiscalía interviniente en la causa.
Mario Cáffaro