Inmuebles alquilados
[ Edificios escolares ]
La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes presentado por Verónica Benas (ARI) acerca de los inmuebles alquilados destinados al área de Educación.
En los trece puntos se requiere saber la ubicación de cada uno de ellos, el nombre del locador, monto de alquiler, plazo de contratos, destino del inmueble, superficie, un estado general de cómo se encuentra el inmueble así como su valuación, las deudas por el pago de alquileres, conflictos en la renegociación de contratos, causas judiciales iniciadas contra la provincia y un detalle de establecimientos educativos que funcionan en inmuebles prestados por otras instituciones.
El último punto requiere conocer el plan a fin de adquirir edificio propio para las instituciones educativas y los plazos previstos para alcanzar la regularización definitiva.
Benas resalta que "la política de alquilar inmuebles para el funcionamiento de instituciones educativas sólo tiene sentido para resolver situaciones perentorias, pero es una política absurda para el mediano y largo plazo. Las escuelas, a partir de su creación, tienen una larga vida, por lo que mantenerlas funcionando en inmuebles alquilados resulta mucho más oneroso para el Estado provincial que la adquisición del edificio propio". Al adquirir el inmueble, "el Estado se capitaliza en propiedades y ahorra las cuantiosas sumas de dineros públicos que se desperdician mensualmente en alquileres".
Violencia laboral
[ Fue reglamentada ]
El diputado Alberto Maguid (PJ) informó que, a dos años de promulgada la norma, se reglamentó la Ley de Violencia Laboral bajo el número 1040/07. Dicha reglamentación había sido exigida días pasados en el propio recinto de la Cámara.
"Santa Fe es la primera provincia que reglamenta una ley que trata la problemática de la violencia laboral", destacó el autor, junto al socialista Alfredo Cecchi, de la ley 12.434, sancionada en julio de 2005.
La norma refiere a la prevención y erradicación de la violencia laboral en los tres poderes del Estado Provincial, entidades autárquicas, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y las sociedades con participación estatal. El objetivo es resguardar la integridad de los trabajadores.
"De ahora en más, los empleados públicos de la provincia se encuentran protegidos bajo esta norma, que posibilitará aplicar sanciones a quienes incurrieren en acciones configurativas de violencia laboral, abuso de poder y/o conductas inadecuadas", destacó Maguid.
