El Tribunal Electoral, en primer término, considera que no parece excluida de la condición de elector el denunciado, ya que no reviste la calidad de condenado.

"Es obvio que la apreciación de la `dignidad/indignidad moral' de una persona para elegir y ser elegida no puede referirse a la pura subjetividad de un tribunal ni al consenso de circunstanciales mayorías, sino que debe efectuarse conforme a aquellos principios informadores que integran la ley suprema de la Nación, entre los cuales cobran especial importancia los vinculados con el ejercicio de los derechos políticos y, en particular, la pauta fundamental de que toda persona es inocente mientras no exista un pronunciamiento judicial firme que diga lo contrario", señala el escrito.>

Acota que el requisito de la idoneidad no puede desconocer el principio de inocencia presente en la Constitución Nacional y reconocido por tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los derechos de los ciudadanos que "pueden ser reglamentados exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal".>

Sostiene el Tribunal que "la condición de inocentes de las personas que, aunque detenidas, no han sido condenadas en un proceso penal, brinda fundamento suficiente para declarar el derecho a ser elegido en los comicios por parte de quienes se encontrasen procesados al momento de requerir la oficialización".>

Dice más adelante que, "por aberrantes que puedan aparecer los delitos que se imputan a una persona, lo cierto es que mientras dicha imputación no se traduzca en una condena que haya pasado en autoridad de cosa juzgada, los derechos que le asisten a aquél -en particular, a elegir y ser elegido, y a que se presuma su inocencia hasta que un juez diga definitivamente lo contrario- siguen siendo merecedores de la tutela conferida por las normas superiores que son de la esencia del Estado de Derecho".>