[ Plan de electrificación ]
El diputado Federico Pezz (UCR) presentó un proyecto tendiente a que Poder Ejecutivo faculte a la Empresa Provincial de la Energía a financiar los costos de instalación y provisión de servicio eléctrico a los residentes, productores y establecimientos rurales ubicados en las regiones en las que se ejecuta el Plan de Electrificación de Escuelas Rurales.
La iniciativa determina que las mejoras podrán extenderse hasta un plazo de diez años y no devengarán intereses. También exige al Poder Ejecutivo arbitrar las medidas necesarias para realizar un censo a los fines de identificar a los residentes, productores y establecimientos interesados en recibir las prestaciones.
[ Violencia familiar ]
La diputada Mónica Peralta solicitó al gobierno que "arbitre los medios más eficientes para abordar la temática sobre la violencia familiar". En la iniciativa, propone implementar campañas de sensibilización y fortalecimiento de la conciencia ciudadana sobre toda forma de violencia familiar en los medios masivos de comunicación.
Solicita que en cada localidad se repartan cartillas informativas sobre los alcances de la ley N° 11.529 de violencia familiar y que se informen los lugares adonde las víctimas pueden dirigirse, o los teléfonos habilitados para tal fin. Además, contempla la necesidad de que exista personal capacitado en las zonas donde no hay comisarías de la mujer, "para poder asesorar a la víctima, explicar el modo de realizar la denuncia y a qué lugares puede acudir para su tratamiento y contención".
[ Agencias de Seguridad ]
Antonio Riestra, del ARI, presentó un proyecto de comunicación en el que solicita precisiones acerca de la contratación de empresas de vigilancia para prestar servicios en las reparticiones de la administración pública provincial.
En el pedido de informes, se requiere la nómina de agencias contratadas, la cantidad de horas y personal afectado, además se pide también el monto de cada contrato y el resultado de los controles, si existiesen, en relación con el cumplimiento de las leyes laborales.
Riestra expresa en sus fundamentos que en los últimos años distintas dependencias de la administración pública provincial han realizado numerosas contrataciones con agencias de seguridad, actividad que ha verificado un importante crecimiento en su capacidad operativa y personal afectado.