El gobierno, a través de sus principales operadores políticos, ha salido a respaldar a la ministra de Defensa, Nilda Garré, en el tema de contrabando de armas. Si el principio de presunción de inocencia vale, hace bien el oficialismo en apoyar a sus funcionarios, siempre y cuando recuerde que la presunción de inocencia no invalida la debida investigación y que son los jueces y no el poder político quienes finalmente determinan la inocencia o la culpabilidad del imputado.

Por lo pronto, más que probar que la señora Garré no tiene nada que ver con el contrabando de armas, lo que el ministro Fernández se propone es descalificar jurídicamente al juez Guillermo Tiscornia. Para que sus palabras no queden flotando en el aire, el Consejo de la Magistratura a través de gestiones oficialistas iniciará las diligencias del caso para que Tiscornia sea, por lo menos, suspendido.>

Si este objetivo se lograra, es probable que en el mejor de los casos el mencionado juez pierda su condición, pero la causa que motivó el conflicto quedará pendiente. Dicho con otras palabras, los buenos o malos antecedentes de Tiscornia nada nos dicen sobre el presunto negociado de contrabando de armas. Es más, para la opinión pública quedará claro que Tiscornia no fue sancionado por sus presuntas corruptelas sino por haber pretendido investigar a un funcionario político.>

El gobierno de Kirchner ha demostrado que la independencia del Poder Judicial no es un tema que lo desvele. La ley sancionada en su momento, que habilita al poder político para interferir en el Consejo de la Magistratura así lo demuestra. Con el caso Tiscornia lo que pudo haber sido una sospecha, adquiere hoy la consistencia de una realidad.>

Desde el punto de vista político, hay que admitir que en estos temas el gobierno está perdiendo credibilidad. Hace poco más de una semana la ministra de Economía, Felisa Miceli debió renunciar por su incapacidad para dar una respuesta creíble al sospechoso paquete de dinero encontrado en su despacho. Hasta el momento de su renuncia el oficialismo apoyó a la ministra, incluso cuando existían datos más que certeros sobre su responsabilidad.>

Con el caso Skanska continúan las investigaciones judiciales y ya para todos ha quedado más que claro que el tema en discusión compromete no sólo a particulares. Con la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, los gastos excesivos están probados y la única estrategia defensiva de la imputada es que de todos modos no hay ninguna ley que prohíba hacerlos. La estrategia de la funcionaria ecologista no es muy diferente a la que elaboraba en su momento María Julia Alsogaray con los sobresueldos.>

El gobierno puede decir que está frente a una campaña montada por sus enemigos para desprestigiarlo. Por otra parte, se sabe que ningún gobierno puede sostenerse como tal si todas las semanas se le cae un ministro. De todos modos, y más allá de la buena o mala fe de sus acusadores, lo que el oficialismo no debe perder de vista es que la mejor receta para bloquear las supuestas campañas de mala fe es una conducta transparente o la sanción política y judicial a los funcionarios que han cedido a la tentación de corromperse.>