La imperiosa necesidad de implementar controles tendientes a reducir las velocidades de circulación en las rutas que atraviesan municipios y comunas, se convirtió en la excusa perfecta para que funcionarios de algunas localidades de la provincia instrumentaran sistemas abusivos y presuntamente ilegales de recaudación.

De hecho, el problema no sólo aqueja a Santa Fe. En la vecina provincia de Córdoba, por ejemplo, los abusos se multiplicaron en numerosos pueblos ubicados sobre corredores estratégicos y de gran circulación, como por ejemplo la Ruta Nacional 19.>

Desde hace tiempo la Defensoría del Pueblo de Santa Fe viene recibiendo numerosas denuncias de santafesinos virtualmente estafados por sistemas que funcionan a partir de radares de control de velocidad.>

Resulta innegable la necesidad de establecer controles sobre las rutas, pues el tránsito se cobra un alarmante promedio de 25 vidas diarias en la Argentina. Sin embargo, queda claro que el control con radares en comunas y municipios no está siendo efectivo en la prevención de estos accidentes.>

En los últimos días se conoció una noticia que avala la presunción de que, en algunos casos, los controles a través de radares exceden lo meramente abusivo y estarían configurando verdaderos delitos.>

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó un fallo de julio de 2006 del Juzgado Penal de Casilda, que procesó por el delito de exacciones ilegales a la jueza de Faltas de la comuna de Pujato, Miriam González; al ex presidente de comuna y actual miembro de la comisión, Héctor Emiliozzi; y al actual presidente comunal, Mario José Gatti.>

Estos tres funcionarios fueron procesados el año pasado luego de que se presentaran varias denuncias por irregularidades en el uso de radares para controlar los excesos de velocidad en la Ruta Nacional N� 33.>

Firmat y Sansford son otras dos localidades del sur de la provincia en las que estos sistemas provocaron fuertes reacciones entre los conductores sancionados.>

Recientemente, el defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, emitió una resolución advirtiendo al gobierno sobre graves anomalías en la implementación de estos sistemas en algunos municipios y comunas.>

La ley provincial 12.217 -que sólo hace referencia a los controles de velocidad a través de radares- prevé que si un conductor no excede los 90 kilómetros por hora y carece de antecedentes en este sentido, debe ser sólo apercibido y no multado. Sin embargo, ésta es una premisa que no siempre se cumple.>

Pero además, el sentido común indica que, si el objetivo real de estos sistemas apunta a prevenir accidentes y no sólo a recaudar, todo conductor que infringe las leyes debería ser detenido por agentes de tránsito, quienes tendrían que informarle acerca de la falta que está cometiendo.>

Sin embargo, en la práctica esto no suele suceder y los conductores reciben, varios meses después, la notificación de una multa por una falta que ya ni siquiera recuerdan y que, probablemente, continuaron cometiendo al no saber que estaban siendo sancionados.>