Los ingresos fiscales nacionales siguen aumentando mes a mes, de la mano de la actividad económica y también de la inflación: la recaudación tributaria de junio logró un nuevo récord de 18.036 millones de pesos, y el superávit primario de la Nación llegaría a 26.000 millones de pesos. En tanto, si bien en las provincias los ingresos por tributos locales siguen en general al ritmo de los nacionales, lo mismo que las transferencias automáticas por coparticipación, la tendencia deficitaria es inevitable.

Es que los gastos primarios vienen creciendo, desde hace un par de años, bien por encima de los recursos corrientes. Esto se debe a tres motivos. Ante todo, el efecto de las pautas de recomposición salarial a nivel nacional sobre las provincias, pues los trabajadores provinciales docentes, de salud, judiciales, de las provincias, más los empleados municipales, se suceden con lógicos reclamos. La diferencia es que en Nación, el gasto en personal es el 11 por ciento del presupuesto, mientras que en las provincias es el 50 por ciento.>

Otra causa es la mayor dinámica de la obra pública provincial, desde 2005 a la fecha. Luego, la deuda de las provincias comenzó a crecer más velozmente desde la aceleración de la inflación en 2005, y con ella los servicios, debido al efecto del CER sobre las amortizaciones, especialmente en el caso de los Bogar.>

En 2007 el resultado primario del consolidado provincial sería deficitario en 300 millones de pesos, luego de cuatro años de superávit. Tras el pago de intereses, el déficit financiero sería de 3.000 millones de pesos, equivalente a 0,4 por ciento del Producto Bruto Interno. Las amortizaciones de capital serían de 8.500 millones de pesos, con lo cual las necesidades de financiamiento sumarían 11.500 millones de pesos. La tendencia deficitaria ha retornado.>

�Pueden las provincias obtener más fondos, en un contexto de florecimiento de los ingresos públicos? La situación del sistema previsional también tiene relación con las provincias. En abril, se lanzó una nueva reforma previsional, que brinda a los afiliados a las AFJP la posibilidad de retornar al régimen de reparto. A esta reforma se suma una anterior de 2006 que permite, en una amplia moratoria, acceder al beneficio jubilatorio a personas en edad que no hubieran podido demostrar su condición de aportantes al sistema en el pasado, en forma parcial o total. El marco del sistema previsional nacional, desde el punto de vista fiscal, es inmejorable.>

Desde 2002 hasta 2005, los haberes jubilatorios estuvieron congelados. En 2005 comenzaron las recomposiciones. En tanto, los ingresos por aportes y contribuciones patronales, y por impuestos de rentas generales, crecieron a la par de la actividad económica desde mediados de 2002. Así el sistema previsional nacional comenzó a arrojar superávit financiero total desde 2003, y superávit previo a contribuciones (transferencias desde Nación) desde 2006, dejando atrás tradicionales déficit que obligaron a sucesivas reformas impositivas y de coparticipación de impuestos en los años '90. Por eso, entre otros motivos, el Tesoro ha colocado bonos públicos en Anses.>

El traspaso -legalmente "forzoso" en muchos casos- de afiliados de capitalización a reparto, aumenta los ingresos del presente, mientras que, la nueva reforma previsional, y la amplia moratoria vigente desde 2006, incorporan una tendencia deficitaria. En 2007, las expectativas indican que el superávit se mantendría por efecto de los traspasos. Pero de cara al futuro, las inquietudes no son menores. Las nuevas jubilaciones implican mayores erogaciones fiscales, que no se sabe si podrán ser cubiertas en unos años, cuando se ignora si el sistema será o no superavitario.>

La situación previsional actual abre el juego a la discusión en torno a la coparticipación federal. Las provincias, que registran un marcado retroceso en la distribución de impuestos nacionales y un deterioro creciente de la correspondencia fiscal, podrían reclamar la restitución de fondos tributarios nacionales propios que, a partir de la reforma de 1992, pasaron a financiar el hoy superavitario régimen de seguridad social nacional. >

Es sabido que el país ha postergado la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, que la Constitución de 1994 establecía antes de 1996. También, que los consensos para una nueva ley convenio son muy difíciles de obtener, increíblemente, en un régimen que se precia de ser federal. De todos modos, el elevado desequilibrio fiscal vertical que registran por lo menos unas quince provincias hace pensar en caminos alternativos que vayan dotando a las provincias de mayor autonomía fiscal y federal.>

Una opción es coparticipar plenamente el impuesto al cheque, que, como se sabe, se reparte sólo en un 30 por ciento, del cual algo menos del 15 por ciento llega a las provincias, unos 1.950 millones de pesos en la proyección 2007. No hay razones para que no se reparta en la misma proporción que el resto de los impuestos. De ser así, las provincias recibirían $ 4.000 M adicionales anuales. Otro tema es la deteriorada situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. Una alternativa es actualizar el denominado Fondo del Conurbano Bonaerense, dejando que sea una suma fija, y que vuelva a ser un porcentaje de la recaudación del impuesto a las Ganancias, dado el evidente deterioro que esta situación significa sobre la provincia.>

En el fondo, se plantean interrogantes de larga data, en torno al irregular funcionamiento del federalismo fiscal, que tienen importantes impactos en la organización federal del país. >