La presentación en la Legislatura provincial de un proyecto para declarar la emergencia institucional de los partidos políticos resultó en alguna medida sorprendente y hasta algo extravagante, y difícilmente pueda prosperar. Pero, no obstante, las razones que la inspiran y los datos en que se basa forman parte de un entramado complejo y viciado, que otorgan indudable crédito a la iniciativa.

En rigor, no se trata de un proyecto original. Ya existe en el Congreso de la Nación uno en los mismos términos, que propone, básicamente, la desafiliación de todos los miembros de los partidos políticos, para proceder a un reempadronamiento con una serie de requisitos formales para otorgar garantías y proveer mayores certezas. También se obliga a una normalización de las autoridades partidarias y, no casualmente, quien impulsa la idea a nivel nacional es apoderado del Partido Justicialista.>

La crisis de los partidos políticos como tales, en momentos en que la propia Constitución Nacional los consagra como herramienta fundamental para la democracia, es un hecho indiscutido. Tanto es así que en los procesos electorales recientes, tanto a nivel nacional como provincial, las estructuras tradicionales han sido reemplazadas por coaliciones, denominaciones frentistas o nombres de fantasía con flamantes andamiajes administrativos. Un simple vistazo a las boletas basta para comprobar la casi total ausencia de las identificaciones clásicas.>

En los hechos, las funciones que la doctrina clásica asigna a los partidos -integrar y movilizar a la ciudadanía, articular y agregar intereses políticos y sociales presentes en la sociedad, participar en la formulación de políticas públicas, reclutar dirigentes políticos y proveer cuadros de gobierno, organizar el trabajo legislativo- han quedado relegadas por la práctica y por el creciente peso de las organizaciones intermedias, la instalación de liderazgos populares, el peso de las estrategias mediáticas, el imperio del personalismo y el amiguismo a la hora de distribuir cargos y la sujeción a una lógica verticalista fuertemente presidencialista en la tarea de los cuerpos parlamentarios.>

En todo caso, los partidos retienen la exclusividad que la ley les concede a los efectos del acceso a los cargos públicos, pero con sus identidades y marcos de referencia ideológica completamente desdibujados.>

La verificación de la existencia de padrones "inflados", dobles y falsas afiliaciones -como ha resultado del simple cruce de datos efectuado por la Justicia Electoral- completa un panorama de apariencias engañosas y fundada suspicacia.>

Los sondeos más recientes demuestran que los argentinos aún convalidan al sistema de partidos como forma de ejercicio de la democracia y vehículo de representatividad; concepto éste último reforzado en nuestro medio por la derogación de la ley de lemas y a través de las internas abiertas. Pero un sinceramiento de las variables serviría para iniciar la recuperación de la fortaleza y la salud que los partidos necesitan, en el marco de una profunda reforma política que la clase dirigente se empeña en mantener como promesa incumplida.>