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Con el Consejo de Ciencias Económicas de Rosario, colmado por una representación territorial y sectorial provincial sin ausencias, y los más importantes dirigentes de la Unión Industrial Argentina, el ministro de Trabajo Carlos Tomada y la presidenta del Banco Nación, Gabriela Ciganotto, presentes, los industriales santafesinos hicieron ayer en Rosario una fuerte demostración de fuerza donde ratificaron su apoyo al modelo productivo y realizaron explícitas sus propuestas para solucionar los problemas que presenta.
La única ausencia notable fue la del ministro de Economía; se excusó porque a último momento lo convocó el presidente, "un viejo amigo de los industriales de la provincia y totalmente comprometido con la producción nacional, con el que caminamos la provincia promoviendo e impulsando estas ideas en épocas difíciles", según recordó el presidente de la Fisfe, Carlos Capisano.>
"Además de preocuparnos por los problemas de nuestras empresas es necesario que los industriales participemos de las actividades a que nos convocan las entidades del sector. De esta manera vamos a defender la sustentabilidad del modelo productivo", pidió Capisano en su discurso de cierre.>
"No es lo mismo que las autoridades crean en la necesidad de que exista una industria nacional a que esta afirmación les resulte indiferente. Reconocemos que hoy nuestras autoridades están convencidas de la necesidad de tener una industria nacional que consolide el modelo productivo", enfatizó>
"El recuerdo de aquella época nos debe servir de guía para no equivocarnos" dijo Capisano, aludiendo a los 90. "Pensamos que a través del crecimiento de la industria nacional tendremos un país con pleno empleo, con buen nivel de vida, con mayor movilidad social y con nuestro hijos acompañándonos en nuestras empresas y no llevándolos a Ezeiza como nos ocurría hace no muchos años".>
Por su parte el ministro Carlos Tomada recordó que "los pilares del modelo económico apuntan a demostrar que es posible el crecimiento económico con inclusión social a partir del trabajo. Durante mucho tiempo nos dijeron que esto no era posible, que para que hubiera crecimiento económico tenía que haber exclusión y que luego vendría el goteo", aseguró.
Apoyado por las estadísticas, Tomada enfatizó que hoy hay un 15 por ciento más de empresas que en 1998, cuando la convertibilidad alcanzó su pico. "Por entonces había 383 mil empresas. Hoy hay 430 mil. Desde 2003 hasta hoy se crearon más de 90 mil empresas netas y el 60 % de esas empresas son pymes. El otro dato es la importancia de la aparición de empresas jóvenes de menos de 7 años porque son las que aportan más del 30 % del empleo creado. Celebro decir que la categoría ocupacional que proporcionalmente más creció en el país es el de empleador: un 52 %, sin contar el sector de la construcción", puntualizó.>
"Esto no es consecuencia ni de un veranito ni un rebote: es consecuencia de la voluntad política de crecer por este lado, porque la industria explica el 46 % del empleo", dijo el ministro, al tiempo que enfatizó que la sociedad se debe dar la tarea de incorporar "a los excluidos de los 90, tanto a los empresarios como a los trabajadores", añadió.>
"La industria está recuperando su rol. No hay otro proceso como la industria para articular a la sociedad porque articula sectores, tramas productivas y regiones, generando la mayor cantidad de empleos desde el interior al centro. La industria articula a la sociedad que en su propia dinámica hace trascender al salario como un mero costo laboral y lo convierte en un factor dinamizador de la economía", dijo más adelante.>
Entre los problemas y restricciones que plantearon los empresarios se destacan el aumento de los costos laborales y de materias primas que ponen en peligro la competitividad de las empresas.
Respecto a los problemas generados por las restricciones energéticas, pidieron que el Estado nacional tome las decisiones necesarias para que los recargos en los costos que está pagando la industria sean los menores posibles y se los destine a inversiones futuras que aumenten la oferta de energía.>
También pidieron la preservación de la competitividad del tipo de cambio y una legislación que contemple al universo pymes.>
La comisión de precios, costos y rentabilidad pidió revisar siete ítems: impuestos distorsivos (al cheque y anticipos de ganancia presunta), control de precios, aranceles de exportaciones, correlación de funciones provinciales versus nacionales (Por ejemplo, la Secretaría de Energía); bregar por la no judicialización laboral, topes indemnizatorios en las ART e importación de materias primas escasas en el mercado interno.>
Respecto a la problemática de financiamiento e inversión, los industriales dijeron que "el nivel de endeudamiento es tolerable y si bien la dependencia respecto al crédito es baja, el panorama sobre la oferta crediticia y sus costos y los requisitos exigidos es motivo de preocupación y de demanda de soluciones. A mayor plazo y volumen de crédito las dificultades se convierten en restricciones completas".>
"Los programas de financiamiento de origen nacional y provincial son bienvenidos aunque insuficientes", afirmaron, al tiempo que enumeraron como las principales actividades que demandan créditos las siguientes: capital de trabajo, financiamiento de exportaciones, inversión de corto plazo, equipos de uso e inversiones de largo plazo vinculadas al tamaño de la planta o la infraestructura e innovación tecnológica.>
Finalmente, enumeraron como principales restricciones que "atentan contra la sustentabilidad del modelo" a las siguientes: energía (debe incrementarse la oferta para que acompañe la demanda del sector a la par que debe discutirse una nueva matriz energética para los próximos 10 años), el sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (que despeje la conflictividad subyacente), la falta de mano obra calificada, la necesidad de más infraestructura, el combate a la economía informal y al dumping y revisar los impuestos distorsivos.>
Respecto a las restricciones planteadas por los industriales en las conclusiones, el ministro Tomada respondió a las que pertenecen a la órbita de su ministerio, como las demoras en la sanción de un nuevo régimen para las indemnizaciones por accidentes laborales y la falta de capacitación laboral.
"Las leyes laborales que afectan al mundo del trabajo, requieren de un consenso que otras leyes no necesitan, porque generan conflictos. El consenso para la nueva norma de riesgos del trabajo se va a alcanzar y sostendrá cuatro principios fundamentales: el pleno respeto a los principios constitucionales y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sostendrá como bien jurídico protegido la salud y la seguridad del trabajador y por eso va a hacer hincapié en la prevención, aumentará las indemnizaciones de los trabajadores para que sean dignas y desalienten cualquier tipo de especulaciones y contendrá la suficiente certidumbre jurídica como para que los empresarios sepan a qué atenerse, con la característica que para el gobierno no existen dudas de la necesidad de contar con un sistema de aseguradoras de riesgos de trabajo", dijo el ministro.
Respecto a la falta de mano de obra calificada, Tomada dijo compartir la preocupación, pero puso algunos límites: "Creemos que en realidad lo que hay es falta de algunas categorías ocupacionales, en algunas actividades, en algunas regiones. No hay una falta de mano obra calificada general. En este sentido, el Ministerio de Trabajo, ha triplicado el presupuesto para capacitación. Cuando asumí había 2.500 trabajadores capacitándose, nosotros ya llevamos más de 200 mil obreros".
Gabriel Rossini