Los hechos acaecidos la semana pasada en la Casa de Gobierno revelan aristas del problema social de fondo y tienen graves implicancias institucionales. No sólo se trata del número de inundados que integró la protesta sino del modo en que ésta se desbordó, al punto de llegar a amenazar el mismo despacho del gobernador.

No puede pasar desapercibido que la última inundación que sufrió la ciudad se debió a un fenómeno pluvial de poca frecuencia en la región, pero que impactó de manera catastrófica debido a la falta de infraestructura urbana y a la permisiva conducta de los sucesivos gobiernos municipales ante la progresiva ocupación de tierras bajas y vulnerables.>

Por otra parte, las ondulaciones naturales del terreno producen la acumulación de agua en zonas deprimidas que, por añadidura, carecen de obras de saneamiento y drenaje. En consecuencia, quienes allí radicaron sus viviendas, están expuestos a la inundación en caso de lluvias de magnitud.>

Este complejo panorama se ve agravado por las migraciones procedentes del norte de Santa Fe y de provincias vecinas que se afincan en terrenos inapropiados. Por consiguiente, los costos de la infraestructura necesaria para proveer respuestas se multiplican de continuo.>

Volviendo a la protesta del viernes, hay que decir que resulta inadmisible que un fenómeno meteorológico pueda convertirse en la causa eficiente de una arrebatiña de dineros públicos. Y que, en ese sentido, la primera solución esbozada por el gobierno era lógica y racional: se ayudaría a aquellos que hubiesen visto afectadas sus fuentes de trabajo. De esa manera, recibirían el respaldo del Estado en una situación de emergencia para viabilizar la recuperación de sus ingresos.>

El problema es que esta lógica pierde consistencia cuando se enfrenta con dos realidades: una, que muchos de los afectados no tienen trabajo real sino que viven de los planes sociales y de la gran rueda del asistencialismo implementada por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales de los últimos años. El otro dato remite a 2003, cuando el gobierno instrumentó un sistema de reparaciones a través del Ente de la Reconstrucción.>

Estas prácticas asistencialistas han generado antecedentes complicados que, a la postre, van en detrimento del verdadero progreso de la sociedad. Las personas transfieren al gobierno -cada vez con mayor soltura e intensidad- el destino de sus vidas. El respeto por las instituciones cede a un ejercicio ignominioso de toma y daca, donde la institución sólo es respetada si escucha y atiende los reclamos, o atacada si no son satisfechos.>

Parte de la responsabilidad de este estado de cosas es atribuible a una concepción clientelar de la política. Pero no puede dejarse de lado el reproche que le cabe a dirigentes barriales o partidarios que especulan con promesas incumplibles que se cargan a la cuenta común del Estado.>

En este sentido, y más allá de la tregua electoral "otorgada" por quienes condujeron la protesta, queda el regusto amargo que dejan estas manipulaciones de vecinos impregnados de angustias y necesidades.>