El Frente Progresista Cívico y Social reclamó al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, que tome "todos los recaudos necesarios" para garantizar "el control del proceso electoral".

En una nota firmada por el apoderado de la coalición opositora, Raúl Lamberto, y el también diputado Antonio Bonfatti, se recuerda como antecedente inmediato del planteo las diferencias de votos registradas entre el escrutinio provisorio y el definitivo en las primeras del 1° de julio. La discordancia fue casi de 27.000 votos, e implicó para el Frente Progresista un registro de casi 15 mil menos de los que en realidad obtuvo.>

Esto llevó al candidato Hermes Binner a requerir veedores de la OEA; pedido que fue recibido por el gobernador Jorge Obeid y aparentemente rechazado por el Ministerio del Interior, en resguardo de la imagen internacional del país.>

Ante la insistencia del Frente, se sucedieron "dilaciones y posiciones cambiantes" del gobierno, la convocatoria a la ONG Cippec y la negativa de ésta a participar. Al final se contrató a la ONG "Democracia Representativa", cuyos responsables, según Lamberto y Bonfatti, "no acreditan antecedentes en la realización de procesos electorales provinciales", sino solamente en los municipales de San Luis. Y están asesorados por "expertos" venezolanos, cuya actuación remite a procesos con voto electrónico.>

"Los conocidos vínculos entre funcionarios de ambos países con hechos que han merecido severa reprobación pública, nos llevan a poner en duda la conveniencia de contar con observadores del dicho país", apunta además el escrito.>

Poniendo la responsabilidad en cabeza del gobierno provincial, el Frente reclama "las garantías destinadas al normal desarrollo del proceso electoral y a la completa transparencia del mismo en todas sus instancias, durante las horas del comicio, en el proceso de transmisión y carga de los datos, en el escrutinio provisorio y luego en el escrutinio definitivo, garantizando que el mismo sea el reflejo exacto de la voluntad popular".>