El anuncio del envío de los pliegos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia por parte del gobernador Jorge Obeid, causó sorpresa y también un inocultable grado de molestia, sobre todo en el sector político de la oposición.

Antes que nada, conviene recordar que el mandatario no hizo más que cumplir estrictamente con sus facultades constitucionales, las mismas que extienden su mandato hasta el 10 de diciembre y, por lo tanto, lo habilitan a tomar hasta entonces las decisiones que competan a las mismas.>

Por eso, las voces que se alzaron para cuestionar el anuncio se cuidaron muy bien de resguardar ese aspecto, y apuntaron en todo caso al carácter inconsulto de la medida, en momentos en que el gobierno nacional ha instrumentado instancias públicas para la designación de los ministros de la Suprema Corte y que el propio gobernador se ha autolimitado en lo que hace al nombramiento de magistrados de rango inferior, incluyendo jueces comunales.>

En este caso, las únicas presuntas consultas efectuadas fueron conocidas por boca del ministro de Gobierno, quien, de paso, introdujo un factor disonante al proclamar su vínculo amistoso con el candidato propuesto para reemplazar a Rodolfo Vigo como ministro.>

En numerosas oportunidades, los recambios en la cabeza del Poder Judicial se produjeron en el marco de circunstancias política e institucionalmente traumáticas. Al juego de presiones y resistencias que se observó para desplazar a algunos ministros, se sumó la discusión sobre el perfil de los reemplazantes; normalmente al calor de severas imputaciones por los criterios de selección, o al amparo de algún tipo de negociación.>

Nada de eso pasó en este caso. Se trata de funcionarios de primer rango del Poder Judicial que dejan sus cargos sin cuestionamientos, como traducción de opciones personales y términos jubilatorios. Y tampoco se han conocido hasta el momento elementos que sugieran acuerdos espurios detrás de las elecciones para la cobertura de las respectivas vacantes.>

Con todo, resulta llamativa la presteza con que se tomaron las determinaciones y, al margen de la inopinable sujeción al marco legal institucional, el análisis no puede desligar a las mismas de la oportunidad en que fueron anunciadas: en la misma semana previa a que se conozca quien gobernará la provincia durante los próximos cuatro años.>

Mención aparte merece el sorprendente desequilibrio que la designación de Daniel Erbetta -por lo demás, un eminente y respetado jurista- introduce en la hasta ahora irrestrictamente respetada distribución de la representación geográfica, al proponer a un hombre del sur de la provincia en el lugar dejado por un santafesino.>

Por todo ello, y aunque el accionar del gobernador Obeid resulta inobjetable desde el punto de vista formal y legal, las particulares circunstancias que atraviesa la provincia en lo político institucional, hubieran hecho deseable e indudablemente más prudente que se tomasen mayores recaudos en orden al consenso y en atención a la inminente transición. Seguramente, eso hubiese evitado suspicacias y cuestionamientos que no sólo deslucen el tramo final de una cuidada gestión, sino que podrían repercutir inmerecidamente sobre los candidatos propuestos, en el debate de sus respectivos pliegos. >