En las repúblicas democráticas, los principios de legalidad y legitimidad suelen ir juntos, suelen articularse socialmente. Es deseable que así sea, en tanto que importa que la norma jurídica coincida con el consenso social. Dicho con otras palabras: la legalidad deriva de la ley; la legitimidad, del consenso social. Las sociedades que funcionan armónicamente son las que logran articular estas relaciones. Por el contrario, cuando esta relación se rompe o se violenta se abre un período de crisis política con desenlaces imprevisibles.

Hechas estas consideraciones, digamos que esta tensión suele producirse en el momento en que que un gobierno va a suceder a otro. Respetando los cronogramas electorales se vota dos o tres meses antes de que venza un mandato, y el candidato elegido debe convivir con el gobernador un determinado tiempo en el que suelen producirse una serie de inevitables cortocircuitos entre la autoridad que termina y la autoridad que ingresa.

En el caso de Santa Fe, el gobernador Obeid concluye su mandato el 10 de diciembre y hasta esa fecha conserva todos sus atributos institucionales. Sin embargo, a partir del 3 de setiembre hay un nuevo mandatario elegido por el pueblo que razonablemente reclama que la autoridad saliente limite su accionar a lo estrictamente necesario.

Visto desde una perspectiva teórica, Binner y Obeid tienen sustento -el voto popular y la ley, respectivamente- para defender posiciones. �Cómo se resuelven entonces las diferencias? En principio, lo que se suele establecer es una suerte de pacto político que se viabiliza a través de comisiones que se integran con representantes de uno y otro sector para asegurar la transición con el menor costo posible.

El mandato de Obeid vence el 10 de diciembre, pero es evidente que a partir de la elección su legitimidad -no su legalidad- está acotada. Esto no significa que no pueda tomar decisiones hasta el último día y, si las circunstancias lo exigieran, tomar incluso decisiones trascendentales. Lo que importa, en todo caso, es el esfuerzo por lograr un entendimiento con las nuevas autoridades para que el traspaso del poder evite traumas que se transfieren a la sociedad. O para que las nuevas autoridades no deban afrontar problemas extra provenientes de decisiones inconsultas adoptadas a último momento.

En condiciones normales -que son las condiciones imperantes hoy en la provincia de Santa Fe- el actual gobernador debería privarse de hacer designaciones y nombramientos que condicionen a las futuras autoridades. En todo caso, las decisiones que se tomen deberían acordarse. Y lo mismo cabe en el ámbito municipal.

La teoría política advierte que en el momento del traspaso, el gobierno saliente, no importa el signo político, sufre presiones de su burocracia que reclama seguridades de diferentes tipos. Todo esto puede ser atendible siempre y cuando esas seguridades no creen hacia el futuro límites infranqueables.

Conductas como las que ahora se le reclaman a Obeid son éticamente incuestionables y políticamente correctas, ya que surgen de la expresa voluntad ciudadana, fuente del poder democrático.