Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se castiga el manejo de la publicidad oficial en perjuicio de un medio que en ejercicio pleno de la libertad de prensa cuestiona o denuncia conductas del gobierno, permite renovar la confianza en la separación de poderes y en el respeto por los pilares de la vida democrática y republicana en la Argentina.

La decisión del máximo tribunal de la Nación se produjo a raíz de un conflicto originado en Neuquén, tras la publicación en el diario Río Negro de las denuncias por corrupción que hizo un diputado provincial contra el gobernador Jorge Sobisch.

A partir de aquella publicación, el gobierno neuquino suspendió por un tiempo la pauta publicitaria en dicho diario y limitó el acceso a la información pública de sus periodistas.

En enero de 2003, el diario interpuso un recurso de amparo ante la Corte para que cesara esa discriminación, que constituía una fuerte traba al ejercicio de la libertad de prensa. La sentencia estableció que el Estado "no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios sobre la base de criterios discriminatorios".

Presionar a un medio de comunicación con el "castigo" que representa el retiro de la publicidad oficial no representa sólo un inconveniente económico para la empresa editorial. De hecho, el uso arbitrario de estos recursos públicos, utilizados como elementos coercitivos para evitar publicaciones inconvenientes para el poder de turno, representa una traba que impide el libre acceso de la ciudadanía a la información de interés público.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, resaltó que a la prensa no se la afecta solamente "con una censura directa como ocurría en el pasado", sino con "medios indirectos, como los económicos".

La reacción dentro y fuera del país ante este fallo de la Corte fue unánime. Mientras la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) aplaudió que "se establezcan límites al poder discrecional en materia de publicidad oficial", la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que la decisión de la Justicia argentina es un ejemplo para otros países del continente y reclamó que el Congreso argentino elabore leyes que planteen criterios jurídicos claros en la materia, para evitar que los gobiernos sigan utilizando la publicidad oficial como una manera de "discriminar, coartar la libertad de prensa y, por ende, limitar el derecho del público a saber".

Todo esfuerzo por garantizar a la ciudadanía el libre acceso a la información es bienvenido. De modo que el retorno de la jurisprudencia de la Corte al camino de la defensa irrestricta de la libertad de prensa, como generadora fundamental de insumos informativos que el ciudadano necesita para protagonizar el papel que la Constitución le asigna y garantiza, es una clara señal institucional que fortalece el concepto de Estado de Derecho y el sistema democrático y republicano.