La fuerte concentración de poder que caracteriza al gobierno de Néstor Kirchner, tiene su necesaria contrapartida en el sistemático relegamiento del Congreso a un plano de trascendencia casi formal, al que se acude como instancia de convalidación, pero sólo en los casos en que tal cosa no pueda ser evitada.

Tal temperamento, que en alguna medida tiene su germen en el fuerte cuño presidencialista que de por sí tiene el sistema argentino y que ha sido una constante en el desarrollo institucional del país, alcanza niveles muy marcados en la actual gestión.

Según un informe del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa) conocido en los últimos días, el presidente Néstor Kirchner firmó en el curso de su gestión un número de decretos de necesidad y urgencia (DNU) ampliamente superior a la cantidad de mensajes que contenían proyectos de ley remitidos al Congreso. Al momento del relevamiento, la cifra era de 249 contra 176.

El criterio utilizado por Kirchner es igual de preocupante desde el punto de vista institucional -y aún más, cuantitativamente hablando-, pero suma otros agravantes: el control de las cámaras legislativas de que dispone el oficialismo ni siquiera le otorga la excusa de necesidades políticas para tal proceder y, por otra parte, el ámbito de incumbencia del Congreso intensificó en los últimos años su proceso de reducción. Entre otras cosas, facilitando a funcionarios del Poder Ejecutivo la libre disposición de partidas presupuestarias.

La incorporación de los DNU a la Constitución Nacional en 1994 pretendió ser un modo de control sobre esa facultad que, en los hechos, el Ejecutivo ya estaba ejerciendo de por sí. La creación de la comisión bicameral pergeñada a tal efecto no sólo se demoró más de la cuenta, sino que culminó en el montaje de un órgano meramente refrendador. Sobre todo porque, contrariamente a lo que ocurre en otras legislaciones -y a lo que fue el planteo inicial, oportunamente revertido, de la senadora Cristina Fernández de Kirchner- el dictamen de la comisión no opera como una condición para la validez de los decretos, sino que ésta sólo puede ser atacada mediante el pronunciamiento en tal sentido de las dos cámaras.

La anomia parlamentaria se completa, en las semanas preelectorales, resignando la otra función que le cabe al Congreso: operar como caja de resonancia y debate de los problemas y preocupaciones de la comunidad a la que representa. Preocupado por el impacto mediático de las discusiones en el recinto o la presentación de pedidos de informes sobre irregularidades como las que se han multiplicado en los últimos meses, el oficialismo ha virtualmente establecido una suspensión de actividades. Es así como, según se teme, prácticamente no habría sesiones hasta el 28 de octubre. Lo cual, como quedó demostrado con lo dicho más arriba -y sin que la ironía desmerezca la gravedad de la situación- no supondrá ningún obstáculo para las necesidades normativas de la gestión, ni hará que la ciudadanía esté mucho más desamparada que en las condiciones habituales.