Ha causado sorpresa la aparición de un borrador de la Ley de Educación Provincial, de autor anónimo. No obstante la contundencia de la desmentida oficial sobre su autoría, resulta interesante analizarlo porque conviene no entrar en la etapa de los hechos consumados.

La comisión directiva de la Asociación Civil, ante todo, pone de manifiesto su más enérgico rechazo al tratamiento legislativo de una ley de Educación en una transición democrática. Los actos de gobierno se ennoblecen cuando garantizan que a la hora de definir políticas que afectarán al pueblo, permiten la participación y el compromiso de todos los sectores involucrados, derecho fundamental y constitucional de la ciudadanía.

El interés de nuestra participación quiere centrarse en uno de los capítulos, denominado "la concertación democrática para una política de Estado en educación" y en los siguientes artículos que se pasan a transcribir textualmente.

"Art. 179. La política de Estado en materia educativa, con la provisión de los recursos financieros que aseguren su realización, se expresará en lineamientos estratégicos sostenidos en el tiempo y estará sustentada en la concertación y en la participación de las instituciones de la sociedad civil involucrada en la educación provincial".

"Art. 180. Créase el Consejo Consultivo de la política educativa del Estado Provincial, con dependencia directa del Ministro de Educación de la Provincia y con la función de analizar y proponer lineamientos estratégicos de política educativa de Estado que tengan como objetivos: el mejoramiento de calidad de la educación en todos los niveles del sistema, la recuperación de la centralidad de los aprendizajes en la escuela, la universalidad de la educación secundaria, la jerarquización integral de la profesión docente, la garantía del cumplimiento de los 180 días anuales de clase y el aprovechamiento del tiempo escolar, la atención preferencial de la educación de sectores en condiciones de pobreza u otras vulnerabilidades, la articulación entre los niveles del sistema educativo provincial y con las universidades y la articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo.

"El Consejo Consultivo mediante la herramienta del diálogo podrá contribuir a la búsqueda de soluciones consensuadas a los problemas que se prioricen, en orden a los objetivos definidos".

"Art. 181°. El Consejo Consultivo de la Política Educativa del Estado Provincial estará integrado por el Ministro de Educación que lo convocará y presidirá, los presidentes de las Comisiones de Educación de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, representantes de los gremios docentes, de la Federación de Cooperadoras Escolares, de la Federación de Padres de los Colegios Privados, de las iglesias Católicas, Evangélicas y Judía, de las universidades con sede en la provincia, de las Cámaras de Empresarios y de los principales medios de comunicación".

"Art. 182°. Las Direcciones Regionales de Educación podrán constituir consejos regionales de Política Educativa Regional. En el Servicio Provincial de Enseñanza Privada funcionará el Cuerpo Asesor, conforme lo establecen los Art. 124° al 127° de la presente ley".

"Art. 183°. Los integrantes de los Consejos Consultivos provincial y regional desempeñarán sus funciones con carácter ad-honorem".

Esta propuesta aleja toda posibilidad para que el gobierno escolar sea un verdadero órgano ejecutivo a la hora de tomar decisiones que afecten al sistema educativo provincial. Además intenta avasallar los principios rectores de la escuela sarmientina: Pública, Gratuita, Laica, que plasmados en la Ley N° 1.420 permitieron constituir nuestra Nación.

Desde el año 2004 este instituto hizo conocer su preocupación para que se reinstale el gobierno escolar democrático. Aquél que estaba representado por el Consejo General de Educación como cuerpo colegiado del gobierno escolar y que "...tendrá a su cargo la inmediata dirección técnica-administrativa de la educación pública". (Ley 4877/1958). Dos señalamientos hacíamos: que a pesar de las bondades de esta norma, le faltó otorgar autonomía económica al consejo; que fue derogada durante la última dictadura militar, al no tener rango constitucional, y que no ha existido desde 1983 voluntad política para que volviera a funcionar.

Decíamos que "en el marco de la realidad social que nos aqueja, es indudable que la democracia debe ser fortalecida desde sus principios más preciados como lo son la participación y el compromiso ciudadano". Y en educación, "partícipes activos en su gobierno como garantía y respuesta social y cultural a las necesidades e inquietudes educativas de la comunidad".

Imprimimos un folleto e hicimos llegar nuestra inquietud a la Legislatura, ante la eventualidad de una reforma de nuestra Carta Magna y la necesidad de que el Consejo Provincial de Educación obtuviese rango constitucional.

Los hechos, próximos a ser consumados, echarían por tierra la idea de reinstalar el gobierno colegiado de la educación, autónomo y representativo. Reiteramos la necesidad de instalar el debate y rechazamos cualquier intento de crear un "Consejo Consultivo de la política educativa", ya que no aportaría soluciones.

Un órgano como lo fue el Consejo Provincial de Educación reúne suficientes antecedentes como para analizarlos, para mejorarlo sin perder su fuerza democrática.

Proponemos los siguientes principios orientadores para el análisis: autonomía política y económica; elección democrática de sus integrantes y representatividad con instituciones directamente ligadas a la educación y a sus escuelas.

Como asociación Civil apostamos a que se creen los tiempos y los espacios para que se produzca el indispensable debate alrededor de estas ideas, con verdadera participación. Rechazamos los formalismos vacíos que desgastan y provocan situaciones de desengaño e impotencia.

Son estas importantes instancias para poner a prueba el compromiso ciudadano con la educación popular, como herramienta indispensable para construir el sistema educativo y defender la escuela pública.

"La escuela de hoy -dijo Sarmiento- es el presupuesto de la política dentro de diez años cuando los niños sean ciudadanos".