Juliano Salierno
El juez de Sentencia N° 1, Luis Malfante, resolvió la devolución de un chico de tres años a su madre biológica, en una causa "sobre privación de patria potestad y estado de abandono" iniciada en 2004. La medida dada a conocer la semana pasada fue apelada el viernes por el asesor de Menores del juzgado N° 2, Claudio Ibarra.
El funcionario del Juzgado de Menores advirtió que no se cumplió con el principio de legalidad en el proceso, a pesar de sostener desde el comienzo que al retirarle el chico a su madre se actuó "arbitrariamente" y se estaba violando "el principio de identidad".
El siguiente paso procesal será lo que resuelva la Cámara de Apelación Penal, que en una anterior intervención, y a través de la Sala IV, había recomendado la restitución del menor.
La historia trata de un chico de tres años que, con pocos meses de vida fue apartado de sus hermanos y su madre cuando quedó internado en el hospital Iturraspe.
Su mamá, Miriam Saruppo, fue la encargada de salir a los medios a difundir la noticia de que, en su ausencia, su hijo había sido entregado a un hogar de tránsito por orden del Juzgado de Menores.
El 15 de octubre de 2004 Miriam llevó su bebé al hospital, donde quedó internado con un cuadro de neumonía hasta el 25 del mismo mes. En su estadía en el nosocomio la madre asistía diariamente a amamantarlo, pero un día se enfermaron dos de sus otros cuatro hijos y no pudo ir al hospital durante los dos últimos días de internación.
Pero cuando regresó al nosocomio se encontró con la cuna vacía y una explicación que no llegó a conformarla.
A partir de entonces, Miriam circuló por diferentes dependencias públicas, en las que protagonizó fuertes cruces, presionada por la situación que le toca atravesar.
Las muestras de un supuesto desequilibrio emocional de la mujer hicieron que el Juzgado de Menores presentara sus reparos a la hora de la devolución del chico; al punto que finalmente ordenaron quitárselo.
Mientras tanto, el niño quedó en manos de una familia sustituta que integra la Asociación de Hogares Transitorios.
Por falta de dinero para pagar a un defensor, Saruppo recurrió al Colegio de Abogados local que, "previo análisis de las actuaciones", decidió aceptar el caso, designando como defensor al tesorero de la entidad.
Invocando el derecho a "prestar asesoramiento legal y patrocinar en forma gratuita a personas carentes de recursos en materia de familia", la entidad tomó cartas en el asunto.
Pero además, en una nota difundida la semana pasada, el Colegio de Abogados expresó que tal decisión se debió a "no compartir la visión de los hechos que llevara al juzgado a disponer el apartamiento del menor de su familia y su alojamiento en hogar de tránsito".
La Sala IV de la Cámara de Apelación Penal revocó el fallo y ordenó la restitución. Los camaristas no se pudieron explicar por qué debía ser apartado el último hijo, si el resto de sus hermanitos, también menores, podían compartir el mismo techo con su madre.
Así las cosas, el siguiente paso iba a ser el reencuentro, fijado para el 3 de noviembre del año pasado. Pero la Justicia de Menores volvió a frustrar la entrega "reiterando la causal de abandono".
Fue tras ese avatar judicial que intervino el Juzgado de Sentencia N° 1, que volvió a ordenar la restitución de la criatura la semana pasada, con el resguardo de los controles periódicos de los organismos públicos.
Ahora, tras la nueva apelación judicial habrá un compás de espera de varias semanas, hasta que de una vez por todas se sepa cuál será el destino final del chico.
Hace 25 años.
La Asociación de Hogares de Tránsito de Santa Fe es una organización no gubernamental (ONG) formada por más de 40 familias, que desde hace 25 años se dedica a recibir niños derivados de los juzgados de Menores, hasta la resolución de su problema legal. Se trata de niños que llegan allí desnutridos, golpeados, abusados y a cambio reciben contención. "Nuestro propósito es proteger a esos niños sabiendo que en ningún momento podemos adoptarlos", explicaron.
Cuando la resolución de la Justicia de Sentencia era inminente la Asociación de Hogares de Tránsito emitió un comunicado solicitando a las autoridades -camaristas de la Sala IV; juez de Sentencia; la directora de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, María Luisa Donni; y al gobernador de la provincia- que "se le practiquen estudios médicos psiquiátricos a la madre, a fin de conocer el estado de salud mental actual".
Además pidió constancia del "buen estado de salud físico, psíquico y emocional del menor antes de la restitución. Y la adaptación progresiva del niño a su nueva situación, para que el conocimiento de su madre biológica le evite nuevos traumas".
Por otra parte, en el mismo escrito cuestiona "los graves errores y presuntas infracciones penales que contiene el documento" emitido por el Colegio de Abogados al revelar los nombres de los menores implicados.
"Siempre hemos mantenido nuestra labor y las causas en total privacidad" argumentaron los representantes, que consideraron la nota del colegio como "efectista" y "parcial".