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La Justicia española aumentó la presión sobre la ilegalizada formación independentista vasca, Batasuna, brazo político de ETA, con la detención anoche de su cúpula directiva, en una acción calificada de "venganza del gobierno" por uno de sus dirigentes.
La policía detuvo a 23 personas, entre ellas 19 miembros de la dirección de Batasuna anoche en la localidad vasca de Segura por orden del juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Baltasar Garzón, según fuentes judiciales.
Entre los detenidos figuran Joseba Permach, uno de los principales portavoces de la formación radical; Juan José Petrikorena, responsable de comunicación, así como Rufino Etxeberria y Marije Fullaondo.
Otro dirigente más, Joseba Álvarez, compareció hoy ante el juez por participar en una manifestación prohibida el 9 de setiembre, mientras que uno de los principales líderes, Arnaldo Otegi, uno de los artífices del "proceso de paz", fue encarcelado el 8 de junio tras confirmar el Tribunal Supremo una condena a 15 meses de prisión por "apología del terrorismo".
Las detenciones de anoche suponen un paso más en el acoso judicial a Batasuna tras el fin del alto el fuego de ETA y el encarcelamiento en junio de Arnaldo Otegi, líder emblemático de la formación independentista.
Los arrestos "hay que enmarcarlos en el funcionamiento normal del Estado de Derecho", afirmó, no obstante, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el habitual consejo de ministros de viernes, sin avanzar mayores valoraciones.
En cambio, para el dirigente de Batasuna Pernando Barrena, la operación policial es una "venganza del Partido Socialista (Psoe) de (el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez) Zapatero".
El gobierno busca "mejorar su posición política respecto del Partido Popular (PP, derecha) ante las próximas elecciones (generales) de marzo", añadió Barrena, cuya formación ha llamado a concentraciones de protesta esta tarde.
Batasuna, que había quedado algo desorientada tras el fracaso del proceso de paz entre el gobierno y ETA, parece estar pagando el precio de la vuelta a las armas anunciada en junio pasado por la organización separatista armada vasca, tras su alto el fuego decretado en marzo de 2006.
Garzón ordenó las detenciones en el marco del sumario que instruye desde 2002 sobre las relaciones entre Batasuna y ETA, y la financiación de la organización armada en la cual están inculpados la mayoría de los dirigentes de la formación radical vasca, al considerar que ETA y Batasuna forman un mismo entramado.
El magistrado sospecha que la "asamblea clandestina" era un traspaso de poderes entre la antigua y la nueva dirección de Batasuna, por lo que los miembros de la antigua "mesa nacional" han sido detenidos por "reiteración delictiva", mientras que los de la nueva lo han sido por "pertenencia a organización terrorista", según fuentes judiciales.
Batasuna tiene prohibida la actividad política y electoral desde 2003 debido a su relación con ETA, en virtud de la Ley de Partidos que prohíbe cualquier formación política que apoye expresa o tácitamente el terrorismo. Batasuna no ha condenado nunca explícitamente la violencia de ETA.
AFP