Durante las primeras horas el gobierno intentó restarle importancia. Sin embargo, con el correr de los días, el informe periodístico publicado por El Litoral sobre la compra de armamento para la policía de la provincia, fue provocando una serie de consecuencias que en la práctica deberían garantizar mayores niveles de transparencia.

El lunes pasado este diario reveló que desde la policía provincial se viene aconsejando al Poder Ejecutivo que compre pistolas 9 milímetros importadas de Brasil, a pesar de que éstas habían sufrido mayor número de fallas que las pistolas fabricadas en la Argentina en el momento de las pruebas realizadas en las instalaciones del Tiro Federal.

Otro dato llamativo es que las armas brasileñas fueron tasadas en Santa Fe a 1.270 pesos por unidad, mientras en la provincia de Catamarca se ofertaron dos meses después a 1.079 pesos. Las explicaciones que se dieron para sostener estas diferencias resultaron, al menos, poco convincentes.

El gobernador Jorge Obeid dispuso que fuera Gendarmería Nacional la encargada de realizar las evaluaciones técnicas sobre el armamento, desplazando así a los expertos de la policía santafesina de esta tarea.

Si bien hasta el momento nadie puede garantizar que estuviera en marcha alguna situación irregular en este proceso licitatorio, no resulta menor el hecho que Obeid haya tomado la decisión de apartar a los técnicos provinciales que históricamente fueron los encargados de realizar estos peritajes.

Pero más allá de qué armas termine comprando la provincia de Santa Fe, lo importante será que el proceso de realice con transparencia. Por un lado, porque están en juegos fondos públicos. Por el otro, porque el armamento que compre el gobierno no sólo servirá para proteger la vida de los policías, sino también a los ciudadanos por cuya seguridad el Estado debe velar.