Este escrito no pretende ahondar en posiciones políticas acerca del conflicto electoral vivido en las provincias de Córdoba y Chaco y que fue nacionalizado, sino más bien permitirnos un espacio de reflexión en esta dinámica que atraviesa fases que van desde la hiperinformación que satura hasta la desinformación que desconcierta, de la que todos somos partícipes, y donde las instituciones aparecen como la vedette nacional del momento.

Si bien una Justicia lenta no es justicia, el que sea rápida no garantiza lo contrario. Por estos días hemos sido espectadores de cómo los esquemas sociales, políticos y mediáticos exigen una respuesta judicial acorde a sus tiempos y dinámica.

Los hechos de público conocimiento acerca del conflicto electoral, político e institucional que se ha suscitado en la provincia de Córdoba, nos brindan un espacio de reflexión acerca de cómo se cruzan los intereses de diversos actores que, con sus respectivos fundamentos, presentan sus miradas -estructuradas como "verdades"- en relación con el caso.

Frente a esta situación, siendo observadores del conflicto, podemos identificar en un primer momento la aparición en escena del juego político de las dos partes involucradas en este pleito. Por otro, se ve reflejada la actuación de los medios de comunicación y la consecuente formación de opinión pública que va forjando una posición determinada. Finalmente, como último protagonista de relevancia se observa la actuación del Poder Judicial, al culminar judicializándose la elección.

Bajo este marco de realidad, podemos comenzar a incursionar en los conflictos que se generan entre estos tres importantes actores, promovidos por la construcción de sus posturas a través de distintos tipos de "verdades": la "verdad jurídica" y la "verdad mediática".

Por un lado, la "verdad jurídica" (considerando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba como último intérprete normativo local) se debe referir al convencimiento, fundado en derecho y con basamento en pruebas concluyentes, dentro del respeto al marco legal vigente. Es decir, se entiende que en el desenlace de un proceso judicial lo que prima es la interpretación razonadamente alcanzada a partir de los procedimientos, las pruebas y contra pruebas legalmente fundamentadas.

Asimismo, entra en juego -y más aún en este conflicto electoral- la "verdad mediática". Tal como manifestara muy acertadamente Ignacio Ramonet: "...el sistema mediático está convencido que se puede imponer una verdad mediática. La verdad mediática dice que cuando todos los medios de información comentan que algo es verdad, eso se impone. Esto significa que, cuando la prensa dice que algo es verdad, ...eso es verdad. Esto se basa en una premisa que dice que repetir es demostrar. Pero repetir no es demostrar".

Esta verdad posee como característica la rapidez y el dinamismo en su construcción, pretendiendo abarcar todo el espectro social y agotándose hasta lo efímero en un abrir y cerrar de ojos. En este vertiginoso contexto presentado por los medios de comunicación, en innumerables ocasiones, éstos exigen que la verdad jurídica sea pronunciada en sus tiempos, o más aún, desde su lógica de razonamiento; y hasta es posible observar que en vez de informar las resoluciones judiciales "opinan" sobre ellas, generando alternativas al proceso judicial; llegando a contradecirse incluso la "verdad mediática" y la "jurídica".

Y más allá de una y otra de estas "pretensiones de verdad", subyace la "verdad real": La Verdad con mayúscula, que es simplemente lo que en la realidad aconteció, y que excede a las miradas que hablan sobre ella y procuran contenerla bajo sus argumentos.

Y aquí se abre un nuevo dilema: ¿qué grado de legitimidad tendrá la "verdad jurídica" si no coincide con la opinión pública? La "verdad real" no necesariamente puede coincidir con la "verdad jurídica", y quizás menos aún con la "verdad mediática", mas la ciudadanía debe comprender que en la vida democrática y la armónica convivencia, debemos ser respetuosos de la "verdad judicial", cuya voz se expresa mediante una sentencia firme.

Ahora bien, la "verdad jurídica" deberá propender con sus mayores esfuerzos a acercarse a una expresión de la "verdad real", a cuyos pies deberá caer también la "verdad de los medios de comunicación", cuya misión será dar luz sobre la realidad: iluminarla para que sea posible visualizarla tal cual es. Pues la legalidad se desvanece sin la legitimidad, que se fundamenta en la sólida creencia y convencimiento social e individual en que la "verdad real" es la que ha triunfado.