Hace un par de décadas, casi nadie discutía el gran salto que implicaría para el país -en términos de modernización- el privatizar las empresas del Estado. Y no sólo éstas, sino también, todas aquellas actividades de servicios.

Pasaron unos cuantos años. Y respirando hondo, a veces aparecen sentimientos nostálgicos de la vieja Entel u Obras Sanitarias de la Nación. Mientras que los países del llamado "primer mundo" fueron y son intervencionistas (funcionando con economías mixtas privado-público), sus Estados ostentan un claro control de los servicios. Servicios que son eficientes y que -en los hechos- demuestran que la prioridad es el derecho del ciudadano a recibir en función de lo que aporta en impuestos.

A contramano de ello, aquí el Estado quedó con un rol predominantemente administrador de lo poco que le quedó. Con el paso del tiempo, en este lugar del mundo hemos logrado constatar dos verdades: que lo estatal no necesariamente es ineficiente y de mala calidad, y que lo privado no siempre garantiza lo contrario.

Una muestra que abona esta certeza es la pérdida de tiempo y ausencia absoluta de respuestas para los usuarios cuando pretendemos gestionar un reclamo, un pedido, una consulta: cualquier intento es infructuoso, vano, imposible.

En nombre de la optimización de los recursos, ya no hay empleados -físicos, reales- que atiendan al cliente. Las relaciones son telefónicas. Una máquina, en un tono monocorde, ofrece opciones, según nuestras necesidades: "Opción 1 para problemas técnicos; opción 2 para consultas por saldos; opción 3 para conocer nuestros productos...".

Bancos, obras sociales, empresas telefónicas, servicios del Estado: sólo una grabadora del otro lado, un diálogo inexistente, un relación imaginaria. En los hechos, usuarios a la deriva, sin soluciones ni respuestas.