La desaparición de 80 mil dólares en el aeropuerto de Ezeiza, sumada a denuncias televisivas -ilustradas mediante la utilización de cámaras ocultas-, generó un escándalo de proporciones, completado con los hallazgos resultantes de un procedimiento ordenado por la Justicia y la paralización del servicio por parte del sindicato del personal aduanero. Días atrás, 11 empleados del servicio de carga y descarga habían sido detenidos acusados de pedir coimas a los pasajeros para permitirles ingresar mercadería sin pagar impuestos. Esto también motivó un paro que, con distintas modalidades, afectó a las aeroestaciones y controles fronterizos del país. Todo esto, en un contexto de profundas implicancias, donde el caso de la valija venezolana del empresario Antonini Wilson aparece como un emblemático emergente.

El entramado en el que se inscriben los episodios reseñados va mucho más allá de la crónica policial y sus derivaciones calan mucho más profundo de lo que hasta el momento es dable advertir. La existencia de una verdadera organización delictiva que opera en lo que el Código Aduanero define como "zona primaria" se encuentra conectada con una interna que funciona en distintos niveles, políticos y de las fuerzas de seguridad. Pero también, inaugura la casi inédita modalidad de dejar desamparados a los usuarios por la descarada asunción de una defensa corporativa de prácticas ostensiblemente delictuales.

La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dispuesta por orden judicial, fue recibida como una agresión por los representantes gremiales del personal aeroportuario, que la presentaron bajo la forma de agresiones y como una manifestación de la disputa por el control de espacios.

La detención de empleados de la empresa que se ocupa de la carga y descarga de aviones y la revisión de los sectores que usa el personal de la compañía, tuvo como inmediata reacción la realización de un paro de cinco horas, que produjo suspensión y demora de vuelos, y que unas cinco mil personas permanecieran varadas durante largas horas.

El resultado del "accionar represivo" denunciado por la Asociación del Personal Aeroportuario no permitió encontrar los 80 mil dólares enviados desde la Reserva Federal de Estados Unidos al Banco Central, pero sí otros numerosos elementos robados, como cámaras de fotos, filmadoras, relojes de marca y paquetes con plata y oro. Por efecto de ello se abrieron otras 11 causas judiciales.

La contundencia de estas comprobaciones, realizadas en el marco de atribuciones del Poder Judicial y sus auxiliares, sacudió la estructura de impunidad sólidamente instalada en un ámbito tan sensible como lo es el control de los ingresos al país. Las autoridades no pueden desentenderse de las conexiones que puedan haber permitido llegar a ese estado de cosas, ni aceptar que bajo la apariencia de la defensa de derechos sectoriales, se esté propiciando el encubrimiento de ilícitos, con los ciudadanos argentinos y los visitantes extranjeros como rehenes de una pulseada mafiosa.