Silvia Dávila / Nené Rougier

Como docentes que durante más de 30 años de trabajos fuimos conscientes de que la escuela, como institución social, conlleva una función reproductora del sistema hegemónico de dominación procuramos siempre, casi con tozudez, encontrar los intersticios de ese sistema, por donde pueda circular la resistencia y así hacer de la educación una tarea liberadora, tanto para quienes aprenden como para quienes enseñan.

Ese compromiso sigue presente en nosotras, como jubiladas. Por ello no podemos resignar nuestra dignidad como personas y mantener un silencio convalidante ante las medidas que confirman y perpetúan la idea y la realidad de que las personas jubiladas somos ciudadanas de 2da. Desde esta perspectiva debemos conformarnos con dádivas que "generosamente" conceden quienes tienen el poder y ante las cuales debemos estar agradecidas porque hay otros en peores condiciones y porque además, no estamos produciendo.

La legislación establece que el haber jubilatorio docente es el 82 % móvil del monto que se cobraría en actividad. Para que ese porcentaje sea tal los aumentos del sector pasivo deben ser exactamente iguales a los que se otorgan al activo.

¿Por qué entonces, se determinó que para los jubilados es "justo" darles $ 100 menos (en el mejor de los casos) que al activo?

¿Por qué esa medida injusta no generó ningún reclamo por parte del gremio, ni de los docentes, ni siquiera de los mismos jubilados?

¿Por qué pareció natural ese incumplimiento de la ley?

No cabe otra razón; se trata de una naturalización que considera al sector pasivo como aquellos que tienen "la gracia" de cobrar sin trabajar.

Cabe preguntarnos si quienes tomaron la posta de nuestra tarea ¿no están acaso parados sobre nuestro trabajo y desde ahí siguen avanzando? Negar la necesidad del trabajo pasado en el presente sería como considerar, en una cadena, sólo útil el último eslabón, pero ¿qué pasaría si se quitaran los anteriores? También en esta cuestión es bueno conservar la memoria.

Podemos preguntarnos cuál es la idea que subyace en esos actos de "generosidad" que se tienen con el jubilado como por ejemplo reducir el costo del boleto de transporte ¿No será que parte de la idea de "pobres, con lo que cobran, por lo menos esto..." ¿No sería mejor valorarlos realmente y que con su sueldo puedan afrontar todas las obligaciones como los demás ciudadanos?

Sabemos que tener un trabajo significa, entre otras cosas, realizar la inscripción individual (como persona), y colectiva (como grupo y gremio), en un registro social simbólico con derecho reconocido al ejercicio de ciudadanía, pero la jubilación, como merecida etapa de realización personal ¿tiene que significar borrarse de ese registro y correrse hacia los márgenes de la sociedad como ciudadano de 2da.?

Reclamar por nuestros derechos, como cualquier ciudadano que exige el cumplimiento de la ley es parte del ejercicio de la resistencia. No se trata de un planteo individual y centrado sólo en lo económico; se trata de un planteo social. Nos preocupa que una sociedad democrática ubique con tanta naturalidad en la categoría de ciudadanos de 2da. a quienes cumplieron ampliamente su tarea productiva y genere en ese sector un doloroso proceso de baja autoestima, provocando una herida social que merece atenderse y no profundizarse con medidas injustas.