Señores directores: con el desarrollo de las tecnologías, las grandes empresas -en especial las prestadoras de servicios públicos- nos prometieron mejorar su atención para aliviarnos de largas colas y complicados trámites, llenos de papeles en los que todo se anotaba y nada se resolvía.
Los así llamados "call centers" fueron además promocionados como nuevas fuentes de trabajo para muchos jóvenes a los que se les requería incluso el dominio de idiomas extranjeros para el caso de responder llamados de clientes de multinacionales que residen fuera del país.
En realidad son verdaderos centros de desatención. Si antes la tortura corporativa -en oficinas públicas o privadas- era perder tiempo en interminables colas, al menos el sufrido consumidor o ciudadano se llevaba una boleta en la que constaba que había hecho el trámite. Claro que uno nunca iba a reclamar el incumplimiento a la sede judicial, pero al menos se quedaba con ese documento que a uno le daba alguna razón.
Los sistemas automáticos modernos, en cambio, son verdaderos laberintos virtuales en los que al sufrimiento sicológico y la pérdida de tiempo, se le añade la imposibilidad de contar al menos con un papelito que diga que uno hizo el reclamo.
Es inútil insistir; siempre hay una respuesta grabada que explica lo bueno y barato que es el servicio y cómo se puede pagar con tarjeta de crédito o débito. Pero si el servicio falla, "nuestros operadores están momentáneamente ocupados"... ad-infinitum.
Además desaparecieron los 0-800 gratuitos. Así que a la larga lista de frustraciones hay que añadir una voluminosa cuenta de teléfono. Y a ello se debe sumar el costo de un nuevo teléfono, porque el que estaba en uso terminará como vehículo de desahogo, estrellado contra el suelo (cuando no contra un costoso vidrio).
La satisfacción total del cliente, la calidad de gestión, la modernización, son eufemismos para que las prestadoras bajen costos sin ofrecer nada a cambio. Y el Estado, que debería regular a favor de ciudadanos y usuarios para equilibrar derechos, está ausente porque así decide hacerlo, dando la espalda a la gente y convirtiéndose en socio de esta tortura moderna.
Las cosas no son distintas cuando de servicios por Internet se trata. Y tampoco cuando las grandes corporaciones que venden bienes y servicios en góndola o al mostrador, no tienen más remedio que poner personal. Entonces apelan a señoritas bien pintadas, con polleras cortas y un discurso que de nada sirve para satisfacer las más elementales demandas, y que se repite hasta el desquicio del sufrido cliente.
Cuando el Estado dejó espacios a los actores privados, se prometió que sin embargo sería el gran componedor de derechos y deberes, y que controlaría las posiciones dominantes de los más. Pero eso no sucedió, y allí hay una cuenta pendiente -una más- de las tantas que deben pagar los gobernantes y sin embargo se pasan a costo de todos los argentinos.
Conrado Laporta
Ciudad