El de ayer fue otro día histórico. La segunda condena por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio se produce en un país que, si bien es considerado casi de vanguardia en materia de castigo a las violaciones de derechos humanos, todavía no logró incorporar esa figura a su Código Penal.

Ayer mismo lo advirtió el viceministro de Justicia, Alejandro Slokar, al sostener que la inclusión del "genocidio" como descripción específica dentro del Código es "una deuda pendiente ante la comunidad internacional". Esto significa que por ahora las condenas no son "por genocidio" sino por delitos cometidos en ese contexto, que no es lo mismo.

Con todo, el fallo emitido ayer por el TOF I de La Plata es ejemplar. Indica, en un país donde todavía muchos creen en la teoría de los dos demonios, que lo ocurrido entre 1976 y 1983 en la Argentina fue un plan sistemático ejecutado desde el Estado y no obra de cuatro locos que decidieron obedecer las órdenes de otros diez.

Los jueces consideraron que no debe caber duda al respecto y hasta repararon una falencia grave de la fiscalía que un día antes -y por la confusa declaración de una testigo- se atrevió a poner en duda la condición de "desaparecida" de María del Carmen Morattini, quien fue asesinada junto a otras seis personas que estuvieron alojadas en la Brigada de Investigaciones de La Plata, cuando eran trasladadas bajo la promesa de que saldrían del país.

Fue importante, también la decisión de la Conferencia Episcopal de emitir un pronunciamiento sobre el tema, aunque se esperaba algo más que la expresión de dolor por la participación de un sacerdote en "delitos gravísimos". El documento firmado por el cardenal Jorge Bergoglio revela que para la Iglesia Católica la complicidad de varios de sus integrantes con la dictadura sigue siendo un asunto personal que no la compromete institucionalmente.