La Iglesia inició el proceso interno para aplicar una probable sanción canónica al ex capellán policial Christian Von Wernich, aunque sin efectuar la autocrítica institucional que organizaciones de derechos humanos le demandan por la actuación de sus miembros en la última dictadura militar.

El Código de Derecho Canónico prevé sanciones que van desde la suspensión de por vida en el ejercicio del ministerio sacerdotal, hasta una poco habitual excomunión -aunque no se descarta en este caso- por las faltas graves en que incurrió el sacerdote.

Fuentes religiosas anticiparon que el delito de partícipe necesario en 31 casos de torturas es el que más pesará al momento de aplicarle una sanción eclesiástica a Von Wernich, ya que esa práctica -sea moral o física- es considerada "pecado grave o mortal".

El Magisterio de la Iglesia es claro en este sentido, ya que asimila la tortura al homicidio y por consiguiente una violación al mandamiento "No matarás". "La violación de la integridad de la persona humana mediante mutilaciones, torturas morales o físicas, o los conatos sistemáticos para dominar la mente... son prácticas infamantes en sí mismas, degradan la civilización humana y son totalmente contrarias al honor debido al Creador", sentencia sin atenuantes la constitución pastoral Gaudium et Spes.

El fallo contra Von Wernich por delitos de lesa humanidad cometidos en el "marco del genocidio" también tensó aún más la relación entre el presidente Néstor Kirchner y el cardenal Jorge Bergoglio. El gobierno, porque ratificó su política de derechos humanos, que la Iglesia considera se sustenta en "una visión sesgada y parcial" de aquellos hechos, y por tal es "peligrosa" para encontrar la verdad sobre la base de la justicia. La Iglesia, porque insiste en su prédica a favor de una reconciliación fundada en la virtud intermedia entre la impunidad y la venganza, mientras desde la Casa Rosada se preguntan "qué hacían los obispos cuando desaparecían niños en la Argentina".

Lecturas del pasado cercano que se exacerbaron en marzo de 2005 con las expresiones del obispo emérito castrense, monseñor Antonio Baseotto, cuya alegoría bíblica de tirar al mar a quienes reparten preservativos -en alusión al ministro Ginés González García- se interpretó en Balcarce 50 como una reivindicación de los "vuelos de la muerte".

Las diferencias volvieron a notarse en marzo de 2006, cuando el Episcopado difundió un libro que recoge documentos que -al entender eclesiástico- demuestran que se condenó el genocidio del terrorismo de Estado y se contribuyó al mantenimiento del orden institucional. Pero la publicación mereció el calificativo de "incompleta" por parte de organismos de derechos humanos que dijeron tener facsímiles de otros pronunciamientos no incluidos, que revelaban vínculos entre dictadura e Iglesia.

Más allá de las probables sanciones que puedan caberle a Von Wernich, los obispos rechazan la exigencia de una autocrítica más contundente sobre el papel que jugó la jerarquía en los años de plomo. La institución ya hizo su mea culpa en dos oportunidades, cuando otros sectores ni siquiera lo esbozaron. Uno en abril de 1996, cuando quedó la sensación de que fue un pacto de caballeros en torno de errores, omisiones e incoherencias cometidas por algunos de sus miembros. Y otro en setiembre de 2000, desde Córdoba, donde reconocieron cierta actitud indulgente frente a las posturas totalitarias y un compromiso insuficiente en la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos exigen -como hizo Estela de Carlotto- "mucho más, frente a una realidad tan dura y tan cruda como es el asesinato de 30.000 personas".