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Desde mediados de mayo último a la fecha, se registraron 605 denuncias sobre pedidos de localización de personas en toda la provincia. La mayoría -el 98 por ciento- corresponde a fugas de hogar o pedidos de paradero.
Los datos surgen de la Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas. El área se creó por resolución del jefe de Policía a mediados de año, y depende orgánica y funcionalmente de la División Judicial (ver nota relacionada). Está a cargo de los comisarios Raúl Touchín y Hugo Toniolli; funciona en la Jefatura en esta ciudad, y sus bases de datos están conectadas con las de todos los departamentos de la provincia y con las de la Nación.
La decisión de constituir dicha repartición surgió en el marco de la Mesa Intersectorial que se originó en diciembre del año pasado con más de 40 organizaciones no gubernamentales e impulsada por el Ministerio de Gobierno, para coordinar acciones que permitan revertir el delito en crecimiento de la trata de personas. Pero, paradójicamente, de las denuncias recibidas hasta ahora, apenas un dos por ciento podría tener que ver con este delito.
Según dijo a El Litoral Gustavo Heredia, secretario ejecutivo de la Mesa Intersectorial, desde que la Unidad Especial empezó a funcionar "sólo once casos de los denunciados quedan como sospechosos y podrían tener que ver con la trata de personas, porque el juez no los caratuló ni como fuga de personas ni como pedido de paradero", explicó.
De acuerdo con los datos que recoge y procesa la Unidad Especial y a los que accedió El Litoral, casi el 75 por ciento de las denuncias por localización de personas corresponde a pedidos de paradero y casi un 25 % a fuga del hogar. En un 65 por ciento de las denuncias, las personas a localizar son mujeres adolescentes; el 35 por ciento restante involucra a varones.
Según la estadística, la mayoría de los que se ausentan son jóvenes de ambos sexos de 14 años; se siguen en proporción chicos y adolescentes de 15, 13, 16, 12 y 11.
"Esto denota un quebrantamiento de los vínculos familiares; son fugas de hogar generalmente por conflictos familiares. Es el primer modo de reacción de los menores de edad, sobre todo adolescentes, que ante conflictos con sus padres, dejan sus casas", comentó Heredia. De todos modos, aclaró que en una amplia mayoría -alrededor de un 80 %-, los casos se resuelven favorablemente.
Explicó también que trabajan de manera conjunta con el Registro de Niños y Niñas Desaparecidas y a veces, hasta con las Tropas de Operaciones Especiales o con Seguridad Personal, centralizando la información sobre la sospecha, y estableciendo contactos con la Unidad Regional respectiva y con el juez.
Heredia dijo que una de las primeras medidas adoptadas desde la flamante Unidad Especial fue enviar una circular a todas las Unidades Regionales de Policía con "directivas básicas" ante un posible caso de trata de personas.
"Así se definió, por ejemplo, que ya no es necesario esperar 48 horas hasta después de la desaparición de una persona para hacer la denuncia; ahora se puede hacer la presentación y empezar a investigar inmediatamente", contó.
Ante la ausencia casi total de casos y denuncias que tuvieran que ver directamente con alguna de las variantes del delito de trata de personas, Heredia aclaró que tanto la Mesa Intersectorial como la Unidad Especial dependiente del D5, son organismos que colaboran en el combate contra este delito, pero que no tienen demasiadas herramientas para proceder.
Defendió la metodología de trabajo que se impulsa desde la Mesa y hasta aseguró que es una experiencia que se valora a nivel nacional. Pero en la práctica, admitió las limitaciones con las que se encuentran.
"En realidad, hay un gran consenso para que este delito sea de jurisdicción federal. De hecho por más que hagamos un esfuerzo, estamos a la espera de la sanción de una ley para que se federalice el delito y se creen los organismos de investigación pertinentes. Lo ideal es que esté en la órbita de la Policía federal con colaboración de Policías provinciales y Gendarmería. Porque sólo los organismos federales tienen herramientas para detectar redes de prostitución, por ejemplo, y sus modus operandis", concluyó Heredia.
Escalofriante.
Según cifras difundidas por Naciones Unidas, se estima que en el mundo más de cuatro millones de mujeres y niños son víctimas de la trata de personas. Y de ellos, alrededor de 1,3 millones residen en América Latina y El Caribe. Las víctimas del trabajo forzoso, en tanto, son entre un 40 y 50 % niñas y niños menores de 18 años. La organización internacional estima que en el mundo existe un movimiento de hasta 10 mil millones de dólares por año sólo por traslados vinculados con este delito. Mientras que la explotación sexual y el trabajo esclavo producen un movimiento de alrededor de 30 mil millones de dólares anuales.
En mayo, por resolución 004/07, el jefe de la Policía provincial decidió crear, ad-referéndum del Poder Ejecutivo, la División Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha Contra la Trata de Personas, con ámbito de acción en todo el territorio provincial, dependiendo orgánica y funcionalmente del Departamento Judicial (D-5).
Dicha unidad tiene como misión ejecutar el planeamiento, asesoramiento y coordinación del curso de acciones para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas en todo el territorio provincial. También, coordinar en forma permanente las tareas con organismos oficiales y no gubernamentales dedicados a la temática; elaborar y actualizar una base de datos que facilite el cumplimiento del rol de funciones asignadas; controlar lo actuado sobre la materia en las distintas Unidades Regionales; y diagramar y ejecutar los procedimientos que correspondan según la legislación vigente. También debe garantizar la capacitación y formación correspondiente del personal policial que se desempeñe en esa Unidad. Y deberá supervisar y seguir las causas originadas por fuga de hogar y pedido de paradero, a fin de garantizar la localización de las personas requeridas.
Ivana Fux