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El Senado santafesino decidió ayer -por unanimidad- devolver la coparticipación histórica del 100 % a las municipalidades y comunas sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos.
La Cámara trató un proyecto de Carlos Fascendini cuyo primer pedido de tratamiento preferencial data de mayo de 2006, y que refleja la aspiración de los gobiernos de los pueblos y ciudades de la provincia de recuperar esos recursos. Se estima que, según las cifras disponibles, este año fueron distribuidos unos 30 millones de pesos por ese concepto, y que de aplicarse el 100 % que ayer logró media sanción, hubieran sido 50 millones de pesos.
El senador radical por Las Colonias, que ha sido electo diputado provincial, probablemente tenga la oportunidad de votar su propio proyecto proveniente del Senado, si es que antes la actual Cámara Baja no lo trata y aprueba.
Todo indica que el resultado electoral del 2 de setiembre hizo cambiar de parecer al justicialismo, que hasta ahora evitaba el debate de fondo (rara vez respondía a las acusaciones del esperancino sobre la coparticipación) y seguía aplicando un sistema que en forma evidente perjudica a los gobiernos municipales y comunales.
Fascendini prefirió ayer hablar más sobre el concepto de descentralización que se busca llevar adelante, que del cambio repentino de criterio del PJ. Eso sí, destacó que la oposición compuesta por radicales y socialistas se mantiene coherente: porque reclamó la descentralización desde el rol opositor y sostiene ese criterio también en vísperas de convertirse en oficialismo (lo que le resta recursos al próximo gobierno provincial).
Juan Carlos Mercier (PJ- La Capital) destacó que la media sanción es parte de un proceso por el que el Estado santafesino ha elegido "como política de promoción de inversiones" resignar recursos: recordó las eliminaciones progresistas del impuesto a Sellos, de los aportes por la Ley 5.110, al que llamó un "impuesto al trabajo" y destacó que se ha evitado el "efecto cascada" en Ingresos Brutos al ser reformado como "bietápico", al separarse sus efectos en la cadena de valor, de manera que no sean acumulativos.
Abrió el paraguas antes de cualquier crítica y negó un componente de especulación política por parte del actual oficialismo, que va a convertirse el 11 de diciembre en oposición: argumentó que la mayoría de las principales municipalidades de la provincia (nombró a Rosario, Santa Fe, Reconquista y Santo Tomé) están o estarán en manos del Frente Progresista.
Las municipalidades y comunas estuvieron por años sujetas a un régimen de bandas de piso y techo que -en sus comienzos- no escapaba a la realidad económica de los 90. El sistema permitía incluso cierta previsibilidad, más cuando el país ingresó en un ciclo extremadamente recesivo (que terminó con el estallido de diciembre de 2001).
Según se ha encargado de recordar el actual gobierno, cada vez que el tema se puso en el tapete, el sistema por años resultó beneficioso porque la inactividad había perjudicado la recaudación del tributo y el piso sostenía el aporte al interior.
Al recuperarse la estabilidad económica y ponerse en marcha otra vez el aparato productivo, la recaudación del gravamen aumentó, con lo que pronto el techo resultó inconveniente para las comunas y las municipalidades. Tanto que se estima que a valores de 2007 los gobiernos de las ciudades y los pueblos de la provincia se han perdido de distribuirse unos 20 millones de pesos.
De la redacción de El Litoral