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"Se pondrá fin a las operaciones cuando se haya restablecido el orden público y particularmente cuando un policía uniformado pueda entrar en cualquier parte", declaró el gobernador de Río, Sergio Cabral.
"Mientras eso no sea posible, los enfrentamientos continuarán y provocarán muertes", agregó el gobernador, decidido a terminar con la existencia de un Estado paralelo.
Organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos acusan al gobierno de haber implementado una "táctica de exterminio" de los más pobres y de "no haber adoptado ninguna estrategia para impedir el ingreso de armas y drogas al Estado".
Desde su elección en enero, Cabral combate a los narcotraficantes que controlan las cerca de 700 favelas de la ciudad, en las que viven cerca de un millón y medio de personas, que representan casi un tercio de la población. Se comprometió a reducir en 15 % el número de homicidios antes de 2010.
Esos enfrentamientos, en los que la policía emplea carros blindados para destruir las barricadas erigidas por los traficantes para bloquear el acceso a las favelas, se saldan en promedio con siete muertos por día, algunos por balas perdidas.
En el primer semestre de este año, 694 personas fueron abatidas por la policía, un aumento de 33,5 % respecto del mismo período de 2006, según cifras oficiales. Dieciséis policías fueron muertos.
"La Policía de Río es la que más mata, la que más muere y la que provoca más víctimas inocentes", se lamentó el presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Wadih Damous.
"Cuando entramos a una favela somos recibidos por disparos de fusil. �Qué debe hacer el gobierno?, �aceptarlo?", argumentó el gobernador, quien también defiende "la legalización de las drogas", ya que sostiene que la prohibición de la venta de estupefacientes es una de las causas de la criminalidad en el Estado, y "la despenalización del aborto", como medio de contener la violencia en la ciudad.
"En los barrios acomodados la tasa de natalidad es cercana a la sueca, mientras que en las favelas es parecida a la de Zambia o Gabón. Son fábricas de marginados", destaca Cabral, de 44 años y católico.
La responsable de la ONG Justicia Global, Camila Ribeiro, criticó inmediatamente esas palabras: "El gobierno defiende la criminalización de la pobreza. Como el Estado no tiene políticas para integrar a los pobres, quiere impedir que nazcan".
Para restablecer el orden público, el gobernador cuenta con los recursos "sin precedentes, de 1.900 millones de dólares" que acaba de liberar el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para la urbanización de las principales favelas.
"Comenzaremos los trabajos en diciembre. Mejoraremos las condiciones de vida de 600.000 personas abriendo calles y avenidas y construyendo escuelas. No permitiremos que un solo marginal detenga nuestro cronograma", destacó Cabral.
AFP