Existe un amplio consenso en la opinión pública nacional respecto del carácter delictivo de los episodios que ocurren en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. Desde hace meses -por no decir años- el robo de maletas y de objetos de valor de los viajeros es una constante. A ello se suma el estado caótico de los servicios que se prestan, el incumplimiento de los horarios, las huelgas salvajes y los diferentes atropellos que se cometen contra los viajeros.

Lo novedoso, en los últimos tiempos, es que estas acciones delictivas no fueron perpetradas en soledad por algún delincuente, sino que existen verdaderas redes mafiosas encargadas de despojar impunemente a los viajeros de sus pertenencias.

Esta semana esta práctica parece haberse interrumpido con la detención de ocho sujetos -cifra que luego fue en aumento- sorprendidos en pleno robo. La labor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en ese sentido fue eficaz. De todos modos, es necesario que se vaya a fondo en un tema que afecta a numerosos pasajeros y al proyecto turístico nacional.

Por lo pronto, es una buena noticia que los sindicatos que operan en estos aeropuertos no hayan declarado un paro en solidaridad con los ladrones. La señal es positiva, pero a nadie escapa que las acciones delictivas que se cometen sólo se pueden realizar con la complicidad, activa o pasiva, de compañeros de trabajo y autoridades de los organismos de seguridad.

Se sabe que en el mundo del delito la solidaridad de estos sindicatos no se reduce sólo a declarar paros. Existen otras modalidades de complicidad y es allí donde deberían apuntar las autoridades nacionales si es que efectivamente quieren cortar de raíz esta situación.

La Argentina no es un Estado fallido. Se supone que es una de las sociedades más organizadas de América Latina, y una de las funciones básicas de esa organización es la protección de los derechos elementales de los ciudadanos. El hecho de que el tema del robo a los pasajeros de aviones en los aeropuertos ocupe en centro de la opinión pública demuestra que algo anda mal y que no estamos frente a una simple crónica policial sino ante una crisis institucional que compromete al propio orden estatal o a uno de sus atributos centrales.

En el caso que nos ocupa, los detenidos pertenecen a empresas de seguridad y a empresas encargadas de los servicios de rampa. Aerohandling y Has deberían preocuparse por garantizar el cumplimiento de las tareas para las cuales fueron contratados. Y si consideran que la situación los excede, deberían plantear con sinceridad las dificultades y permitir que otras empresas se hagan cargo del servicio que ellos no pueden prestar.

Como se recordará, hace unas semanas desaparecieron en el aeropuerto de Ezeiza 80.000 dólares provenientes de la Reserva Federal de los EE.UU. con destino al Banco Central. El tema adquirió repercusión nacional por la posterior huelga de los sindicatos en solidaridad con los ladrones; pero más allá de la anécdota, lo que importa es hacerse cargo de una situación que lesiona los intereses del país en un doble plano: el robo de una partida de dinero estatal y la imagen de la Argentina en el exterior.