Inversión externa, desarrollo regional integrado y complementario, tecnología de producción sustentable, control de gestión y preservación del medio ambiente. Todo ello es posible en torno a la industria del papel que alimenta usos y costumbres culturales, sanitarias y comerciales de todos los estamentos sociales en cualquier lugar del planeta.

Sin embargo, el caso de Botnia parece todo lo contrario y desata lo peor: temores, rutas cortadas, peleas entre vecinos que se deben histórica amistad. Entre lo posible y los hechos, hay una explicación: una gestión gubernamental y diplomática francamente bananera.

La multinacional buscó naturalmente su beneficio; los gobiernos a uno y otro lado del río olvidaron sus más elementales obligaciones y relegaron los legítimos derechos de la gente de Gualeguaychú a preservar su horizonte turístico, a disfrutar y explotar el paisaje sobre el cual invirtieron vidas y bienes.

Una simple gestión para autorizar el emplazamiento de la planta y prever la preservación del río en términos razonables era posible. Pero las faltas más elementales de funcionarios públicos innominados dejó que avanzara la lógica rentista de espaldas a la sustentabilidad social, como si ambos términos fueran excluyentes.

Donde hay buena gestión, ello no sucede. En una y otra costa del Uruguay deberán explicar quiénes y por qué autorizaron a Botnia a emplazarse donde generaría conflictos, cuando había alternativas para dar culminación a un proceso de inversiones forestales a ambos lados de la frontera.

El problema no es Botnia en sí misma, ni la industria papelera en general -u otras industrias- sino la debilidad de funcionarios que actúan antes por el beneficio rápido de su gestión que por la convivencia social, productiva y ambiental. Eso es posible, si hay funcionarios capaces.