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"Es indispensable valorar las capacidades, conocimientos y la contribución al desarrollo que pueden hacer las personas con discapacidad", sostiene la senadora socialista Patricia Sandoz, cuyo proyecto de ley para crear un régimen de desarrollo laboral para personas con capacidades diferentes recibió la media sanción de la Cámara Alta.
El Senado santafesino aprobó por unanimidad y pasó a Diputados una iniciativa que reforma la vigente Ley N° 9.325, de manera de obligar a todas las reparticiones de la administración provincial, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos "a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4 % de la totalidad de su personal, y a hacer reservas de puestos de trabajo para que sean ocupados exclusivamente por ellas".
El porcentaje "será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva y para los contratados, cualquiera sea la modalidad de contratación", e incluso, "para el caso de la tercerización de servicios, el Estado provincial fijará prioridades para aquellas empresas que incorporen personas con discapacidad, las que serán evaluadas al momento de la adjudicación".
La norma aprobada dispone un plazo de tres años (desde su aprobación definitiva y promulgación) para que sean adaptados los planteles de personal, tanto en el ámbito público como en el de las empresas privadas bajo régimen de concesión del Estado provincial. El plazo y el cupo no involucran a empresas contratadas mediante la tercerización de servicios.
"En caso de que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, deberán hacerlo previamente. De lo contrario, se considerará que incumplen el 4 % y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito", sostiene el despacho aprobado por unanimidad por la Cámara Alta.
El texto girado a Diputados advierte que "los responsables" de los entes en los que no se cumpla el cupo del 4 % impuesto por la ley incurrirán "en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos".
Además, "el Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo".
"Cambiando las políticas laborales, las personas con discapacidad cuentan con opciones laborales y pueden encontrar trabajo en los Talleres Protegidos de Producción, en las administraciones públicas, en fórmulas de empleo con apoyo, en entidades sociales, o en el mercado ordinario de trabajo", sostiene Sandoz en los considerandos.
Buena parte de los artículos del proyecto de ley aprobado hablan de dichos talleres. Se afirma que estos "participarán regularmente en las operaciones del mercado y tendrán como objetivo final la promoción del acceso de las personas con discapacidad al empleo remunerado y la prestación por el taller, de servicios de adaptación laboral y social que requieran sus pasantes y/o trabajadores".
Agrega que la "estructura y organización de los talleres protegidos de producción y de los grupos laborales protegidos serán similares a las adoptadas por las empresas ordinarias, sin perjuicio de la función social que cumplen".
Será la Secretaría de Trabajo -que en el futuro será Ministerio si prospera la reforma de la ley de ministerios que impulsa el gobernador electo Hermes Binner- quien habilitará dichos talleres. Lo hará bajo el cumplimiento de una serie de condiciones, que el proyecto de ley detalla.